Comercio sanitario de pacientes.
El Servicio Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia sabía desde el año 2011 que se estaban derivando irregularmente a clínicas privadas a pacientes de la sanidad pública tratados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Se trataba de afectados de cáncer a quienes se instaba a someterse a intervenciones quirúrgicas de pago.
Así se deduce de las diligencias de investigación penal incoadas por la Fiscalía de A Coruña contra tres médicos de ese hospital, que crearon una empresa privada para operar a los enfermos y a quienes el fiscal considera autores de tres delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secreto, de negociaciones prohibidas a funcionarios, y de abuso en el ejercicio de su función.
El Sergas no abrió expediente a los facultativos hasta cuatro años después, pero destituyó de su cargo al médico que los denunció y, hasta la fecha, permite que los tres sigan ejerciendo en los mismos hospital.
En su apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia alegó que cuando se produjo la intervención quirúrgica "estaba en posesión de su tarjeta sanitaria en vigor, que había renovado en marzo de aquel año, sin que en la misma se hiciera constar dato alguno sobre su derecho o no a recibir prestaciones sanitarias".
Según consta en el escrito del fiscal, de más de 500 páginas, en noviembre del año 2010 los tres galenos investigados constituyeron una sociedad mercantil, Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva SLP, en la que utilizaban una técnica supuestamente pionera que permitía operar tumores de pulmón con una sola incisión, y no con dos o tres, como se venía realizando en el CHUAC. Ejercían así la medicina privada a pesar de que ni siquiera habían solicitado al Sergas el permiso necesario para compatibilizarla con su actividad en la sanidad pública, como era su obligación legal.
Apenas siete meses después, el entonces jefe del Servicio de Cirugía Torácica del hospital, José María Borro, actual presidente de la Asociación Batas Blancas de Galicia, envió un escrito a la gerencia del centro en el que advertía de numerosas irregularidades en la actuación de sus colegas. Entre ellas, un paciente le había comunicado que “tras ser visto en la consulta externa del hospital por un nódulo pulmonar solitario, había recibido diversas llamadas” de uno de los médicos denunciados.
Al revisar el historial de otro enfermo, Borro comprobó que no se le había puesto en lista de espera para ser operado en el hospital público. Cuando se puso en contacto con el paciente, este le informó de que el mismo médico “le había comentado que había una larga lista de espera, y que si quería lo podía operar en la consulta privada esa misma semana”.
Desde aquella carta Borro elevó numerosos escritos de advertencia durante varios años, tanto a la dirección médica y la gerencia del CHUAC como a los servicios técnicos, la gerencia y la Inspección del Sergas. La respuesta del ente, dependiente de la Consellería de Sanidade de la Xunta, fue destituirlo de su puesto.
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