Rodríguez afirma la especulación de los alquileres imposibilita que “la gente trabajadora tenga una vivienda digna y asequible”
MADRID
Alberto Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Unid@s Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, considera que tanto las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimis) como los ‘fondos buitre’ están “haciendo prácticamente imposible que la gente trabajadora tenga una vivienda digna”.
Por ello, ha solicitado la comparecencia de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, para que explique en el Congreso de los Diputados, qué medidas va a adoptar ante el impacto que la vivienda turística desregulada está teniendo sobre los precios y los servicios públicos.
“Las Socimis, que ayudan al poder inmobiliario a evadir impuestos, y la llegada de los ‘fondos buitre’ al mercado de la vivienda en nuestro país están consiguiendo que los precios de los alquileres se disparen y que para la gente trabajadora sea prácticamente imposible conseguir una vivienda digna a un precio asequible”, afirma Rodríguez.
Por ello, la formación morada quiere conocer el “alcance y el contenido” de las conversaciones que desde el ministerio de Turismo se hayan mantenido con “con diferentes actores del sector”, incluidas las plataformas como AirBnb.
La formación morada recuerda que Canarias es la segunda región en la que más subió el alquiler en el primer semestre, con 17,16 por ciento, y que con respecto a junio de 2017, la subida ha supuesto un 23,43 por ciento en unas Islas “con los niveles más altos de pobreza y exclusión social y los salarios más bajos del país”.
Asimismo, recuerda que en unas recientes jornadas celebradas en agosto en La Palma, se alertó de la “absoluta desregulación” que tiene la vivienda vacacional en Canarias, lo que reduce la oferta de alquiler residencial “y expulsa a las personas” que llevaban años residiendo en los barrios.
Según un informe de la Universidad de Salamanca, las viviendas vacacionales han facturado en los dos últimos años en el archipiélago unos 16.000 millones de euros solo en concepto de alquiler, motivo por que Rodríguez interpelará a la secretaria de Estado sobre sus políticas “para garantizar una vivienda digna”.
