El Gobierno español inicia el procedimiento para suprimir los aforamientos políticos

MADRID

"La finalidad es reducir el aforamiento político al estricto funcionamiento del cargo público para que este deje de ser un privilegio del cargo público y se limite a garantizar el ejercicio de la función constitucional que se desarrolla", dijo en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Gobierno español.

Los aforamientos constituyen un privilegio y una medida de protección por la cual algunos políticos con cargo público —además de otras figuras— no pueden ser investigados en tribunales ordinarios.

Los trámites puestos en marcha por el Gobierno comienzan por encomendar al Consejo de Estado la elaboración de un informe para que la propuesta reforma constitucional cuente con la "calidad normativa" necesaria.

Según explicó Celaá, la propuesta de reforma solo afectará a los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno, "sin hacer referencia al fuero especial de otros cargos a los que no se hace mención en la Constitución y sí de otras leyes".

Esto implica que se mantendrá la protección a distintos miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los presidentes de órganos constitucionales y a familiares del Rey.

Una vez culmine el proceso de elaboración del proyecto, el Consejo de Ministros lo remitirá a las Cortes Generales, donde espera que "haya acuerdo" para aprobar la reforma constitucional pese a que uno de los potenciales socios del Gobierno en esta materia, el partido de izquierdas Podemos, ya comunicó que no apoyará la supresión de aforamientos si los miembros de la Casa Real quedan fuera.

"El Consejo de Ministros no ha entrado para nada en el tema de la inviolabilidad del rey porque desde el primer día este Gobierno tiene la voluntad de limitarse a restringir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno", dijo Celaá antes de afirmar que "es importante que el rey mantenga su inviolabilidad".

Pese a ello, el Gobierno está convencido de que entre los partidos políticos existe un "gran acuerdo genérico" para restringir los aforamientos y, sobre todo, para hacer que estos se limiten a proteger el ejercicio del cargo y no otorgue protección cuando se trate de "delitos de corrupción".

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otros cinco son miembros de la Familia Real y otros 17.600 se corresponden con políticos con cargo público, miembros de la carrera judicial y representantes de distintas instituciones.