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Amnistía, Intermón, Greenpeace y Fundipau piden al Gobierno que “no se eche atrás” y derogue la venta de bombas a Arabia Saudí

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ROBLES


MADRID


Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau confían en que el Gobierno cumpla sus promesas y que en la reunión de la junta interministerial del próximo 19 de septiembre se derogue el acuerdo de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí como había avanzado que haría. “Esperamos que la ministra de Defensa no se eche atrás” y lleve esta propuesta ante el citado órgano, que es el encargado de decidir.


Así lo explicó Alberto Estévez, portavoz de la campaña Armas Bajo Control que impulsan estas cuatro ONG, y que desde hace años pide el fin de la venta de armas a Arabia Saudí y a Israel, “dada su más que probable utilización en crímenes de guerra”.


Según Estévez, es esta junta, de la que forman parte los ministerios de Industria y Comercio, Asuntos Exteriores, Interior, Defensa y Economía, la que finalmente decide sobre las exportaciones de armas.


Por eso, la semana que viene nos pondremos en contacto con todos ellos para recordarles nuestras demandas y su compromiso “de suspender la citada venta y de revisar todos los acuerdos con Arabia Saudí hasta verificar el uso que este país le da al armamento español"


Según explicó, fue la propia Margarita Robles, ministra de Defensa, quien el pasado 18 de agosto comunicó la decisión de suspender la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí, conmovida por la muerte de 40 niños en un autobús que fue atacado con este tipo de proyectiles.


Esta decisión nos la comunicó en la reunión que mantuvimos el martes la secretaria de Estado de Comercio, Siana Méndez, quien también anunció su propósito de revisar todos los contratos con este país. Nosotros le pedimos celeridad y que, hasta que se tome una decisión, se paralicen las ventas de forma cautelar”, recalcó Estévez.


MUCHO RUIDO


En cuanto a las posibles represalias por parte de Arabia Saudí, el portavoz subrayó que países como Alemania, Holanda, Suecia o Bélgica han revisado algunos contratos con este estado “sin represalia alguna hasta la fecha”. En cualquier caso, “se trata de decidir qué se pone primero, las ventas o los derechos humanos de la población”.


“Yo entiendo el miedo de los trabajadores de Cádiz, pero les pido que se pongan en el lugar de la población de Yemen”, apuntó Estévez.


Con todo, consideró que “hay mucho ruido y demasiados rumores en torno a todo esto”, y pidió al Gobierno que no se deje influir por las presiones de las empresas españolas con intereses en el país árabe.


De cualquier forma, la venta de las corbetas (que podría estar en riesgo) a Arabia “sería ilegal”, ya que podrían utilizarse en el bloqueo a Yemen que ha causado una hambruna que afecta al 75% de su población, concluyó.

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