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La defensa de Llarena en Bélgica causa disensiones en el Poder Judicial

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CGPJ


MADRID


El amparo otorgado por la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda interpuesta en Bélgica por los abogados de Carles Puigdemont está resultando un acuerdo cuanto menos polémico e incómodo para el Gobierno central.


La decisión de amparar al juez que instruyó la causa del 1 de octubre fue aprobada por siete de los ocho vocales de la permanente, pero se produjo un voto particular, el de la magistrada Concepción Sáez, que precisamente ha abandonado el Consejo para integrarse en el nuevo equipo del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado.


A la voz discrepante de Saez en torno al amparo se ha sumado el letrado Enrique Lucas, vocal del Consejo, aunque no forma parte de la comisión permanente que adoptó el amparo a Llarena. Los vocales designados a proposición de CiU en el 2013 cuando se renovó el Consejo y que siguen en sus puestos no se han pronunciado.


Se da la circunstancia de que Saez fue designada como miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida y la candidatura de Lucas fue impulsada por el Partido Nacionalista Vasco. Ambos partidos ahora son socios imprescindibles del gobierno de Pedro Sánchez.


La petición de amparo a Llarena, acordada en una reunión el pasado 16 de agosto, preveía –como así se ha hecho– poner en conocimiento de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores la decisión “para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los Tribunales del Reino de Bélgica”.


En la práctica esto significa que el Gobierno debe tomar cartas en el asunto con la designación de un equipo de letrados, que no pueden ser los abogados del Estado, para defender a Llarena y para representarlo el próximo día 4 de septiembre, cuando ha de presentarse en la corte de Bruselas, donde ha sido citado por un juez.


Hace una semana la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró en declaraciones a la Cadena Ser que el Gobierno había decidido contratar a los abogados que defenderán al instructor de la causa por rebelión, de la demanda de Puigdemont. Sin embargo ayer fuentes del Gobierno matizaban –por no decir que rectificaban estas declaraciones– que todo va quedar a expensas de una “valoración técnica” que deberán hacer los abogados del Estado antes de que el ministerio de Justicia decida. Ellos tendrán la última palabra, afirman.


El informe –que por el momento no se conoce– deberá sortear un problema que precisamente ha puesto sobre la mesa Enrique Lucas, el segundo de los vocales del Consejo que no están de acuerdo con la decisión de amparar al juez Llarena. 


Sostiene Lucas que solicitar “la actuación del Gobierno español ante el belga para que este, a su vez, haga que uno de sus órganos judiciales respete la independencia de un juez español no es la actitud más respetuosa respecto a la independencia del poder judicial belga. Esta manera de argumentar –sostiene Lucas en una comunicación que envió a los veinte vocales del Consejo– es incompatible con la idea misma del Estado de Derecho que, también en Bélgica y desde hace mucho tiempo, tiene en la separación de poderes uno de sus pilares esenciales”. Los argumentos de Lucas los daba a conocer el rotativo vasco El Correo en su edición de ayer.


A mayor abundamiento, la oposición de este letrado y la de Saez coinciden en subrayar que esta petición se ha presentado fuera del plazo de diez días con el que contaba Pablo Llarena para pedir el amparo del Consejo. En su opinión el amparo es inadmisible por este motivo. Saez recuerda además que esta circunstancia –la presentación fuera de plazo– ya se ha producido en otros casos, sin que en ellos el Consejo haya tenido ningún reparo en rechazar la petición de amparo. Implícitamente la vocal sugiere un trato cuanto menos singular al juez Llarena.


En los últimos días no han sido pocas las voces del mundo jurídico que han reprochado al juez Llarena haber abierto la vía a la demanda civil de los abogados de Puigdemont retirando la euroorden que pesaba contra él en Bélgica, lo que pudo dejar al expresidente de la Generalitat en situación de indefensión.


1. El 18 de agosto la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó dar amparo al juez Llarena que ha sido citado por un magistrado de la corte de Bruselas a consecuencia de la demanda civil interpuesta por los abogados de Carles Puigdemont.


2. La decisión se adoptó por siete votos a favor y el voto particular de una vocal que estima que la petición de amparo se presentó fuera de plazo. Otro vocal del Consejo –que no está en la permanente– estima que implicar al Gobierno en la defensa de Llarena vulnera la división de poderes –ejecutivo y judicial– en España y también en Bélgica.


3. Inicialmente el Ministerio de Justicia anunció que se contrataría a un equipo de abogados para representar a Llarena ante la corte belga el próximo día 4. Ahora el Gobierno matiza que se trata de una decisión técnica que no está tomada. 

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