El procés reprocesado y cuéntame cómo pasó

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Decía el artículo 214 del C.P. de la dictadura: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquier de los objetos siguientes”. La violencia del Estado franquista no necesitaba la excusa de la legítima defensa.


Por Rafael Cid 


Lo importante no es la verdad, sino lo que se cuenta

como verdad que, por regla general, es mentira".


(Ana Rosa Quintana)


Estocada al procés”, “Al final de la escapada”, estos y otros semejantes han sido los titulares y editoriales de la prensa sobre el “desafío catalán” al día siguiente de que esos mismos diarios rindieran portadas y reportajes especiales al cincuenta cumpleaños de Felipe VI y la imposición del Toisón de Oro a su hija Leonor. Un besamanos real que causaría bochorno a cualquier persona con un mínimo de pudor y sentido del ridículo. Porque una de las claves del panorama informativo español consiste en ningunear lo importante y trascender lo anecdótico.


Deformación que se acaba de escenificar en dos recientes secuencias recogidas por los medios de comunicación en perfecta sincronía. Por la primera supimos que desde el Gobierno se había presionado a los miembros del Tribunal Constitucional para que este organismo resultara favorable al recurso de amparo que solicitaba la suspensión del pleno de investidura del Parlament. Un auténtico bombazo que en países con mayor sensibilidad democrática habría provocado la inmediata reprobación del Ejecutivo y probablemente la apertura de una investigación judicial para su esclarecimiento y rendición de cuentas. Pero aquí fue visto y no visto. Prueba de que la corrupción política está tan normalizada en España que apenas crea alarma social.


La segunda, por el contrario, mereció honores de gran exclusiva periodística y ha dado para abrir telediarios, monopolizar tertulias y acaparar debates durante jornadas. Se trata de la captura de unos mensajes de Carles Puigdemont en los que el ex president mostraba su consternación por el aplazamiento de la sesión de investidura. Los textos habían sido captados del teléfono móvil del diputado Toni Comín por un cámara de televisión desplazado por Telecinco a Bruselas. Lo que se llama estar en el lugar preciso en el momento adecuado. Algo enormemente meritorio incluso para los espías más avezados en estas lides, que suelen comparecer en los entornos donde bullen conflictos de Estado. Por eso resulta totalmente lógico que el programa de Ana Rosa Quintana lanzara las campanas al vuelo al difundir los wasap que evidenciaban la flaqueza del “bolchevique del procés”.


¿Otro éxito del periodismo de investigación vernáculo? Claro que en esta ocasión, el impacto fue el contrario del producido por la flagrante intromisión en el Constitucional. Mientras la afrenta contra la división de poderes por parte del gobierno era prácticamente ignorada por la opinión publicada, el deliberado fisgoneo en el smartphone del representante electo y su divulgación a tumba abierta en los medios se convertía en la noticia del año. El evangélico denunciar la paja en el ajeno y no ver la viga en el propio. Porque lo cierto y verdad es que la interceptación furtiva de esos mensajes privados está tipificada en el actual Código Penal, artículo 197, con penas de uno a cuatro años de prisión. Y los que afirman que en este caso prima el derecho a la información o justifican la “justicia que agrada al príncipe” o asumen una versión low cost de aquel galáctico “el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas”.


Lástima porque cuando la corrupción de un régimen deviene metástasis y lo contamina todo, la única esperanza de regeneración recae en la judicatura (véase el archivo de la Operación Piñata sobre un presunto caso de “terrorismo anarquista”). De ahí la dispar complejidad de ambos acontecimientos. Sobre todo teniendo en cuenta que existe una línea de la sombra entre los tipos más habituales de investigación: la periodística y la policial. Que en ocasiones, por razón de Estado, pueden retroalimentarse. Quid pro quo (doy para que me des). De hecho, el periodista de investigación más premiado del país es un informador con doble personalidad, tanto en lo profesional como en lo concerniente a su identidad. Con el apellido Cervero figuró como miembro de los Servicios Secretos de la Guardia Civil y con el de Mendoza en su rol de intrépido periodista. La explicación es que el sargento Cervero, tras ser inicialmente expulsado del instituto armado, hizo fulgurante carrera en los medios (contribuyó a desenmascarar a Luis Roldán) para más tarde, ya con los máximos honores de la profesión, reincorporarse al cuerpo con el rango de subteniente y el cargo de jefe de grupo de su policía judicial.


Y aunque muy posiblemente el referido scoop haya sido más fruto más del azar que de la necesidad, no deja de admirar la cantidad y calidad de exclusivas del muy reservado ámbito policial-judicial con que la multimillonaria presentadora (hasta edita una revista con su acrónimo: AR) suele adobar su popular (y a su nivel influyente) programa de actualidad en las mañanas de T5. Evidentemente el mérito le pertenece en exclusiva a Ana Rosa Quintana. No solo porque, dada su buena relación con el cerebro de la llamada policía patriótica (el agente encubierto que en un escrito dirigido al juez admitía contar con colaboradores en los medios) conozca a la perfección los intríngulis de las técnicas de investigación, sino porque ella misma protagonizó uno de esos casos que dejan con la boca abierta al personal. Fue en el año 2000, cuando publicó una novela con el título de “Sabor a hiel”. Un auténtico best-seller que, tras procurarla bastantes millones y con la enormidad de más de 100.000 ejemplares vendidos, Planeta tuvo que retirar apresuradamente del mercado al descubrirse que la estrella del periodismo televisivo había plagiado al por mayor a varias escritoras famosas, entre otras Ángeles Mastretta. Con tamaño desparpajo, Ana Rosa se convertía por derecho propio en pionera de la posverdad, en perfecta coherencia con lo por ella sincerado en uno de eso cambalaches llamados Cursos de Verano al reconocer que “la importante no es la verdad sino lo que se cuenta como verdad, que por regla general es mentira”. Descartemos, pues, la teoría de la conspiración pero también que sean “Los papeles del Pentágono”.


Todo esto serían chascarrillos y ocurrencias de poca monta dignas de paparazzis e influencers del tres al cuarto de no ser porque lo que está en cuestión son valores democráticos fundamentales. El viejo dilema del fin y los medios. Y no existieran indicios serios de que se bordea la legalidad por parte de aquellos que precisamente tienen la misión de ser sus principales garantes. Algo que aparece como un guadiana a lo largo y lo ancho de la instrucción político-judicial abierto en canal al procés. Un reprocesamiento que parece orientado sobre todo a encontrar rastros de violencia que faciliten al tribunal justificar medidas tan excepcionales como la prisión provisional y, llegado el caso, echar mano de lo previsto en el artículo 384 bis de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal con el propósito de inhabilitar para a los encausados con solo dictar auto de procesamiento. A crear ese clima belicista parecen contribuir informaciones de parte tipo “la Guardia Civil concluye que el Govern diseñó un Ejército para defenderse de España”. ¿A por ellos?


Pero algo debe quedar claro, si por hache o por be, se produjera esa contaminación dolosa sobre una movilización popular que en todo momento se ha caracterizado por producirse pacífica y cívicamente, podríamos argumentar que “Franco ha vuelto”. Porque precisamente esa implícita vulneración de la presunción de inocencia es a lo que instaba el artículo 214 del Código Penal de la dictadura en su tipificación del delito de rebelión al permitir tal medida punitiva sin que constara ejercicio de “violencia”. Dice el artículo 472 del C.P de la democracia: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaran violenta y públicamente para cualquier de los fines siguientes”. Decía el artículo 214 del C.P. de la dictadura: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno para cualquier de los objetos siguientes”. La violencia del Estado franquista no necesitaba la excusa de la legítima defensa.




Rafael Cid, escritor y periodista

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