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Casi medio millón de canarios son asistidos por los servicios sociales

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LibreDiario@Digital / con información de Canarias en Hora@


Aunque las cifras económicas apuntan a la recuperación y salida de la crisis, las estadísticas sociales reflejan que las dificultades siguen afectando a miles de familias en el Archipiélago. Los últimos datos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, publicados recientemente por el Instituto Canario de Estadística (Istac) revelan que 447.625 canarios recibieron algún tipo de asistencia en los servicios sociales municipales en 2016, lo que supone unas 149.500 personas más que en 2008 (298.066), año de comienzo de la crisis.


Estos datos trazan el esfuerzo que hacen los consistorios para cubrir las necesidades básicas de sus habitantes, conforme a este plan que responde al primer nivel del sistema en el ámbito de los servicios sociales comunitarios y es cofinanciado con recursos propios de las administraciones locales, Gobierno regional y del Estado. Con cargo al Plan se financian la ayuda a domicilio, el alojamiento alternativo y prevención e inserción social y, en los últimos años, el Gobierno regional también se han reforzado las aportaciones para la dotación de personal para agilizar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).




Esta última es la ayuda destinada a las familias que ya se han quedado sin ningún tipo de ingreso y que el pasado año 2017 percibieron en Canarias 25.374 personas (de ellos 6.237 menores), según los datos facilitados por el Gobierno regional hace unos días. La comparativa de las cifras del Plan Concertado también refleja que en el primer año del que hay datos disponibles (2001) los servicios sociales municipales atendieron a 199.164 personas, mientras que en 2008 esa cifra ascendió a 298.066 y en 2014 era de 367.916 personas. En 2016 -último año con datos disponibles- esa cifra alcanza las 447.625 personas atendidas.


Por servicios prestados, de las 999.910 atenciones realizadas en 2016, unas 661.743 fueron para servicios de orientación e información, mientras que 242.979 personas recibieron asistencia en materia de prevención e inserción, 30.745 personas fueron atendidas en apoyo a la unidad convivencial, 2.832 usaron los servicios de alojamiento alternativo, 15.083 formaron parte de los programas de ayuda a domicilio y unos 93.590 recibieron prestaciones económicas.


Por sectores de población, 319.505 fueron a familias, 163.773 a personas mayores, 131.150 a infancia, 69.382 a juventud y 54.606 a discapacidad y enfermedad. El análisis de los datos también indica que las cuantías que cada municipio e isla destina por persona son diferentes y que la media del gasto por habitante en Canarias fue de 31,8 euros en 2016, unos 2 euros más que en 2014 (29,2 euros de gasto medio).


Diferencias por islas y municipios


La comparativa por islas refleja que La Gomera (53,6 euros) y La Palma (47,1 euros) son las que más recursos destinaron por habitante, seguida de El Hierro (41,3) y Tenerife (35,2). En la provincia oriental, Lanzarote (37,21 euros) encabeza el gasto por habitante, seguido de Gran Canaria (26,02 euros) y Fuerteventura (25,9 euros). Sin embargo, el análisis más detallado por municipios refleja una disparidad entre aquellos que superan ampliamente esa media regional por de 31,8 euros y los que no llegan a la mitad de esa cifra por residente.





Entre los primeros, destacan Fuencaliente, que en 2016 destinó 285,4 euros por habitante, seguido de Betancuria (206 euros), Agulo (134 euros) y Garafía (127 euros). En el lado contrario, se sitúa Santa Lucía con 13,5 euros, por habitante, Firgas (13,7 euros) y Antigua (16 euros). En el año 2016, el Plan Concertado contó con un presupuesto de 67,1 millones de euros, de los que 53,9 fueron aportados por los ayuntamientos, 12,02 por el Gobierno regional y 1,1 millones por el estatal.


El pasado año la aportación del Ejecutivo canario alcanzó los 13,1 millones de euros, conforme al acuerdo marco de reparto suscrito el pasado julio con la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Este acuerdo también recogió otros 4,9 millones para el protocolo destinado a financiara los equipos municipales especializados de Atención a la Infancia y a la Familia y para el mantenimiento de los centros y servicios de día de atención a la infancia. La aportación del Gobierno central, una vez aprobados los presupuestos estatales de 2017 ascendió a 1,7 millones.


Nueva ley de Servicios Sociales


En las próximas semanas el Parlamento de Canarias afrontará la tramitación y aprobación de la nueva ley de Servicio Sociales, una norma que actualizará y coordinará el catálogo de servicios y recursos que prestan las diferentes administraciones en Canarias. Esta nueva ley, que vendrá a sustituir a la anterior de 1987, determinará las competencias de cada administración y establecerá la ficha financiera y el catálogo de servicios.



El texto, aprobado el pasado octubre por el Gobierno regional y elevado al Parlamento para su tramitación en este nuevo periodo de sesiones ha sido trabajado y consensuado con las administraciones locales (cabildos y ayuntamientos), organizaciones del tercer sector y colegios profesionales. Sin embargo, una de las principales cuestiones a resolver, y que se prevé hacer en el desarrollo reglamentario posterior, es añadir una ficha financiera que determine las partidas a aplicar. El próximo 29 de enero, el pleno del Parlamento regional afrontará el debate de primera lectura de esta nueva norma, el primer paso para iniciar el trámite hacia la aprobación de la ley en los próximos meses.

Dependencia, asignatura pendiente


Previsiblemente, no faltarán advertencias de los grupos de la oposición reclamando que se atiendan las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) y que se especifiquen los recursos para cada acción previsto en ese proyecto, y evitar así que repetir el error en el que cayó el Gobierno estatal presidido por Rodríguez Zapatero (PSOE), en la Ley de Dependencia. Precisamente, junto a la preocupación por el aumento del índice de riesgo de pobreza y exclusión social en las Islas, la dependencia sigue siendo la otra gran asignatura pendiente en materia social en Canarias.




Pese a los últimos datos positivos, que reflejan 5.417 nuevas altas en el sistema en 2017 (506 más que el año anterior) y que en Canarias hay 19.437 beneficiarios con prestación, los datos del Imserso también muestran que el Archipiélago sigue estando a la cola en la tramitación de solicitudes. De las 47.444 solicitudes recibidas en 2017, Canarias solo ha resuelto el 75,6% (35.898), frente a la media estatal del 92,98%.


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