Endesa y Canarias: una revisión urgente
Endesa y Canarias necesitan una revisión urgente de su plan de inversiones para los próximos años. De lo contrario, varios núcleos poblacionales sufrirán deterioros en su cobertura eléctrica.
Un congreso en Las Palmas de energía eólica, políticamente correcto, destapó este miércoles un escándalo mayúsculo por sus repercusiones sobre la sociedad isleña.
A ese congreso asistieron dirigentes de todos los partidos políticos pero hubo una intervención que sobresalió frente a las demás y que nos obliga a una reflexión serena y responsable de cara al horizonte venidero.
Los diputados Guillermo Mariscal (PP) y Alberto Rodríguez (Podemos) se convirtieron en notarios de la advertencia lanzada por José Manuel Valle, director de Relaciones Institucionales de Endesa en las Islas.
Valle reveló que Canarias mantiene en la cuneta 100 megavatios de potencia eólica sin capacidad de desarrollo por culpa de la ‘Ley Soria’, una norma promulgada en 2013 aún en vigor que impide a Endesa invertir en diversificación al estar por encima del 40% de generación.
La energía eléctrica que alumbra y asiste a 18 millones de personas (residentes más turistas) se produce en las centrales, se transporta por las redes y se comercializa a la Administración, las empresas y los hogares.
En la primera fase (generación) Endesa es el rey absoluto porque ninguna compañía (por ejemplo, Iberdrola) ha querido posicionarse en las Islas.
Detenta el 100% de ese eslabón de la cadena. Por lo tanto, ¿cómo se le priva de reinvertir si por imposición del regulador se fija un techo del 40%?
Ya no es un problema de Endesa, sino de toda Canarias.
La ‘Ley Soria’ se promovió en pleno conflicto con el pool eléctrico con el fin de obligar a Endesa a vender parte de sus activos en Canarias.
La compañía, propiedad del Estado italiano en un 25%, se negó porque carecía de sentido estratégico.
Sin embargo, aquel pulso del ministro canario se ha convertido en una traba que cercena el futuro energético de Canarias.
Clavijo podría liderar una ofensiva en Madrid junto a los diputados y senadores canarios para corregir un apartado de la Ley que pone en peligro el desarrollo económico y social del Archipiélago.
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