Unid@s se puede y la ACL colaboran en la tramitación de más de medio millar de alegaciones contra la entrada del gas en el municipio

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LIBREDIARIO@DIGITAL / LA LAGUNA


En una acción promovida por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Ciudadana Lagunera, junto al grupo municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, se logró recopilar más de medio millar de alegaciones vecinales en las mesas informativas organizadas ante la fase de información pública para la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de construcción y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del Proyecto de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en el término municipal.


Este proyecto, que ha recibido en tres ocasiones el rechazo del pleno municipal en el presente mandato, es según el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, “uno de los grandes peligros que se ciernen sobre el municipio en este 2018, ya que implica el despliegue de un combustible fósil por más de 438 kilómetros de vías públicas, además de la instalación de un depósito centralizado en la zona de San Lázaro con tres contenedores de gas propanado de más de 49.000 litros de capacidad cada uno, un lugar de gran interés agrícola y con una población que ha sufrido especialmente con muchos de los grandes proyectos de infraestructuras de la Isla de Tenerife”.


Ascanio asevera que “hemos participado en esta acción en coherencia con los acuerdos plenarios que venimos promoviendo desde 2015 en el Ayuntamiento y con la seguridad de que estas instalaciones supondrán un serio bloqueo al desarrollo de las energías renovables en La Laguna y en Canarias”. Con respecto a las mociones aprobadas en el último pleno municipal de 2017, el edil indica que “llevamos una pregunta a la sesión de este jueves en la que esperamos que se nos aclare qué acciones ha desarrollado el Gobierno de CC-PSOE para informar sobre este proyecto y facilitar las alegaciones vecinales, ya que en estas semanas solo hemos visto desinterés e inacción al respecto, más allá de los titulares del alcalde que dice estar en contra del gas sin explicar cómo piensa dejar a La Laguna fuera de un proceso que afecta a todo Tenerife”.


La formación lagunera además ha presentado una alegación propia que en una decena de páginas explicita los elementos por los que cuestionan la utilidad pública de estas instalaciones. Explican que se oponen a la utilidad pública del proyecto, “entendiendo que no existe en el mismo un desarrollo argumentado sostenible sobre las mejoras que generará esta infraestructura y sus condiciones de competencia con otros sistemas energéticos actualmente presentes en nuestro municipio, como es la electricidad, ya sea a través de combustibles fósiles o de fuentes renovables, que a día de hoy está por desarrollar hasta alcanzar todo el potencial existente”.


En la ACL y la formación lagunera entienden además que el anuncio por el que se sacaba el proyecto a información pública, concediendo un plazo de treinta días hábiles, coincidiendo en parte con las fiestas navideñas, “es una práctica torticera, con la complicidad evidente de las autoridades responsables, para desalentar la participación ciudadana, y peor aún para impedir que las administraciones locales afectadas puedan pronunciarse de forma correcta y detallada, al contar en buena parte de este periodo de exposición pública con menos personal del habitual”. Consideran que esa actuación “supone una evidente infracción del Convenio de Aarhus, que aborda el derecho al acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y a la justicia en materia de medio ambiente en lo que se refiere a la participación pública en asuntos ambientales”.


En su alegación recuerdan que países como Holanda y Alemania ya están desarrollando planes para su paulatina retirada como fuente de energía, con proyectos como el de Amsterdam, que establece la eliminación de todas las canalizaciones de gas natural de la ciudad para el año 2050 para cumplir con los protocolos internacionales contra el cambio climático. “No tiene ningún sentido avanzar en la dirección contraria para salvaguardar los intereses económicos de una multinacional energética y no el interés general”, manifiesta.



La alegación presentada también aborda las consecuencias urbanísticas de esta infraestructura para elementos como el área protegida por el Plan Especial del Casco y las edificaciones catalogadas, su incidencia sobre el sector primario, el riesgo potencial existente al tratarse de un producto inflamable y encontrarnos en una zona con actividad sísmica, además de la existencia de alternativas energéticas más sostenibles y viables en un territorio como el nuestro.

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