Unid@s se puede no entiende la paralización del proceso para culminar la publicación del Reglamento de Participación Ciudadana

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LIBREDIARIO@DIGITAL / LA LAGUNA


En el pleno municipal de septiembre se logró un acuerdo que permitió una última fase final de siete días hábiles para difundir y hacer aportaciones al borrador del reglamento de participación municipal, en el que se lleva trabajando desde 2012. Esta fase, que terminó el pasado 1 de diciembre sin que se celebrara ninguna reunión pública al respecto por parte del Ayuntamiento, debía culminar con una reunión de la Junta de Portavoces prevista en el calendario acordado para el 19 de diciembre, que no ha llegado a concretarse en ningún momento.


Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede, considera muy llamativo que tras el acuerdo plenario y “las prisas manifestadas por algunos grupos municipales que rechazaban la posibilidad de ampliar el plazo para hacer aportaciones a este importante documento, ahora se esté incumpliendo con las fechas previstas sin que digan nada, sobrepasando con ello la previsión de cerrar todo el proceso antes de finalizar el año”.


La formación lagunera recuerda que desde el inicio de este mandato han apostado por retomar el trabajo del reglamento de participación y “nos hemos tomado el asunto con gran seriedad, celebrando varias acciones formativas e informativas en las que hemos contado con representantes vecinales y técnicos especializados en la materia que nos han aportado sus impresiones de cara a lograr los avances necesarios que el municipio requiere en materia de participación”.


Ascanio considera sorprendente que a la pregunta que realizaron el pasado 15 de diciembre, solicitando la confirmación de la reunión del 19 para el debate de las mejoras ciudadanas presentadas por parte de los grupos municipales, “nos encontremos una vez más con el mutismo total, tanto del alcalde, José Alberto Díaz, como de la responsable de Participación, Mónica Martín”.


El concejal espera que por parte del Gobierno municipal se de alguna explicación, ya que las entidades vecinales también lo están solicitando, “más aún después de haber tenido que aceptar una fase express de información pública que por desgracia no llegó a plasmar totalmente la voluntad del acuerdo alcanzado en el pleno, donde aceptamos incluso que los concejales de la oposición no participaríamos de esas jornadas informativas municipales”.


Rubens Ascanio insiste en que resultan preocupantes algunas de las modificaciones planteadas, donde se dificulta la participación efectiva de los vecinos y vecinas en los órganos municipales de deliberación, se desdibuja la responsabilidad municipal a la hora de responder a los escritos presentados y se eterniza el proceso de descentralización municipal, que entendemos que es clave para dar un mejor servicio público. 


Señala como ejemplo que en el último proceso de actualización iniciado a mediado de mayo, ya que, por ejemplo, se pasa a pedir que las entidades con derecho a participar en los plenos tengan un mínimo de 100 miembros, que sean “suficientemente representativas” o que al menos agrupen a 20 miembros de una zona del municipio, cuando según el reglamento vigente todas las entidades tienen derecho a intervenir en los asuntos del Pleno. Igualmente los vecinos o vecinas que quieran intervenir a título individual tendrán que recabar 450 firmas de residentes, según la última propuesta del documento, frente a las 100 que establece el documento de 1993. Tampoco entienden que se limite el derecho a presentar iniciativas ciudadanas, “obligándose a que cualquier de ellas sea planteada por una entidad registrada o apoyada al menos por 300 vecinos y vecinas, cuando antes cualquier persona podía hacer propuestas a título individual”.



También creen que debe incorporarse a este reglamento la opción del llamado “concejal 28”, que permitiría a los vecinos y vecinas presentar iniciativas al pleno municipal sin necesidad de usar a los grupos políticos. 


En la actualidad tenemos la paradoja de que cuando una entidad usa la posibilidad de que los grupos presenten una iniciativa es acusada de inmediato de estar “politizada”, cuestión que no se resuelve en el borrador de reglamento de ninguna manera”, explica. 

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