Unid@s se puede pedirá la comparecencia del alcalde ante los reparos a las prórrogas de algunos contratos municipales

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Imagen: Alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, CC



LIBREDIARIO@DIGITAL / LA LAGUNA


El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, solicitará la comparecencia del alcalde en el pleno municipal para que explique los motivos del abuso en los levantamientos de reparos ante los informes de la intervención municipal, debido a los incumplimientos en el tope máximo de prórrogas disponibles para la realización de servicios públicos.


Ascanio recuerda que “se ha vivido un uso y abuso de esta práctica de las prórrogas en los contratos de gestión de servicios públicos, que tiene como consecuencia que se vulnere lo establecido en los concursos, entendiendo los juristas que cualquier prórroga del contrato realizada más allá del límite temporal que establece el pliego no es una prórroga del contrato sino una modificación contractual”. 


A la formación lagunera les “preocupa seriamente las consecuencias jurídicas de esta práctica, ya que el Ayuntamiento podría ser objeto de una denuncia por parte de las otras empresas que optaron por la gestión de estos servicios públicos y usaron como referencia unos plazos que se han vulnerado por una mala gestión política de esta tarea”.


El edil señala que en las actas de las juntas de gobierno del 25 de julio y del 29 de agosto se recogen varios ejemplos de estas prórrogas que llevan al máximo la duración de los contratos o incluso los sobrepasan. 


El acta de julio publica el levantamiento de reparo a la prórroga del servicio de ayuda a domicilio que desde 2008 realiza la empresa Servisar y que debía culminar en septiembre de 2016, con siete años como máximo para el desarrollo legal de contrato y prórrogas que ya se han cubierto ampliamente, siendo un contrato de 1.736.580 euros que está prorrogado hasta noviembre de 2017”, manifiesta.


En el caso de Servisar sus trabajadoras “nos han manifestado la preocupación por la falta de información ante la finalización del contrato y la posibilidad de no ser subrogadas por la empresa que obtenga el servicio, una vez se produzca el concurso público”. Considera que “la precarización de las condiciones de trabajo de las personas contratadas por estas empresas es un daño colateral ante una práctica que no se puede admitir como una normalidad”.


El 29 de agosto se procedió a la prorroga de los servicios de mantenimiento de jardines hasta el 31 de diciembre de 2017, por valor de 1.437.057, 36 euros, contrato que habrá consumido todas sus prórrogas en mayo de 2018. También está el de Urbaser, para la limpieza viaria y recogida de residuos, prorrogado justo hasta el límite legal por un valor de 15.792.746,97 euros, similar caso es el servicio de limpieza de colegios, a cargo de PAU S.A. Que también debe finalizar en el primer semestre de 2018 y se prorrogo en esa misma junta de gobierno hasta marzo de ese año, con un valor de más de dos millones de euros.


La información que tenemos señala que existe un gran problema a la hora de gestionar estos importantes concursos públicos, que desde el Gobierno de CC-PSOE achacan a fallos técnicos y no a una preocupante inactividad de los responsables públicos que deben velar por el interés general”, comenta. 


Rubens Ascanio entiende que “estando a las puertas de un año donde se vencerán definitivamente muchos de los principales contratos de servicios públicos municipales, en los que invertimos cada año unos 22 millones de euros del presupuesto municipal, es necesario saber qué actuaciones se van a realizar para acabar con esta sistemática, si se está velando por cumplir la legalidad marcada por la intervención municipal y si se dotará con más recursos técnicos a las áreas encargadas de la ejecución y control de estos contratos que representan una parte significativa de nuestro presupuesto anual”.



El edil señala finalmente que su grupo lleva tiempo recopilando información referida a los contratos de servicios públicos municipales y su gestión, “constatando en general un deficiente control de los mismos debido a la permisividad que se ha tenido por parte de los responsables políticos a la hora de no velar por el estricto cumplimiento de los pliegos de condiciones”. 


Ascanio indica que “no tenemos ningún miedo a recurrir a la justicia ante las irregularidades constatadas y reiteradas, no velándose por preservar el interés general frente al de unas empresas que en algún caso parece que se han usado como un semillero de contrataciones de afines a responsables políticos municipales”.

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