La Fiscalía Anticorrupción investigará si el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Ricardo Melchior cometió delito en la contratación de una abogada
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
La maldición del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Hace meses que se escuchan tambores de guerra en relación a la gestión del ex presidente del Cabildo, Ricardo Melchior al frente de la Autoridad Portuaria y es de todos conocidos la malísima relación entre éste y el director de la misma, Rafael Díaz.
Sin embargo a pesar de lo que allí ocurre, poco trasciende y menos a los medios de comunicación, por cuanto que Melchior ejerce una terrible presión tanto a los de dentro como a los de fuera, para que nadie le cuestione su poder.
Sin embargo a pesar de sus esfuerzos y de su mal carácter, sus modos tiránicos, los tiempos han cambiado y ya no se puede ni proceder ni ejercer las cosas de manera arbitraria y despreciando los controles que establecen las leyes y los procedimientos administrativos.
El toque que ha propiciado esta gran brecha ha sido como el presidente ha procedido a la contratación de una abogada, haciéndolo sin respetar nada, ni ley ni fuero y por su sacrosanta voluntad. Y lo han llevado a Fiscalía. Y han sido unos valientes, porque el enemigo es fiero y moverá todo lo imaginable para que esto no prospere.
Pero mientras tanto la maquinaría judicial ha comenzado su temida andadura, tras la celebración de una demanda por lo social: “a la vista de los datos revelados no solo con la demanda, sino del contenido de las declaraciones testificales en el acto de la vista y la documental aportada por las partes, interesa la deducción de testimonio de los siguientes particulares que a continuación se detallarán, para dar traslado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección Anticorrupción) para valorar incoar las oportunas diligencias de investigación por si los hechos revelados pudieran tener trascendencia penal a la vista de los indicios de discrecionalidad y arbitrariedad en la contratación de la actora en la Autoridad Portuaria contraria al ordenamiento jurídico”.
Y que se traslada: “demanda y documental adjunta (f.1 a 42), pliego de preguntas a Ricardo Melchior Navarro, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (f.53 a 57)”.
Y todo sin que nadie se enterase. Una demanda en lo laboral, con comparecencia del presidente del puerto de Santa Cruz y a la vista de lo expuesto, se eleva todo a la Fiscalía, porque la autoridad judicial ha visto que puede haberse cometido delito, presuntamente. Si la investigación prospera, Melchior y CC tienen otro problema y grande.
