Podemos exigirá al Estado que evalúe los incumplimientos de Seguridad Integral Canaria en los contratos públicos

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EDDC.NET / Madrid


El grupo parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comu Podem-En Marea lleva al Congreso de los Diputados la situación de los trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Rámirez, después de que esta haya anunciado que cesará su actividad y cederá los contratos que mantiene con diferentes administraciones a otras entidades.


El diputado Alberto Rodríguez asegura que “la intención de Ramírez es ceder esos contratos a otras dos empresas piratas, como son Marsegur y Sinergias, con la intención de seguir cercenando los derechos de los trabajadores y de sortear las deudas millonarias a las que debe hacer frente a sus trabajadores”.


Rodríguez asegura que el propietario de Seguridad Integral Canaria ha conseguido “contratos millonarios con numerosas administraciones, presentando una oferta económica más ventajosa a costa del salario de los trabajadores”. 


Según el diputado, mientras la mayoría de las empresas del sector aplican el Convenio Colectivo, Ramírez aplica un convenio de empresa gracias a la Reforma Laboral de 2012 que hace que se prime el convenio de empresa frente al sectorial, “en el que impulsa rebajas salariales que en ocasiones rozan el 40 por ciento”. “Un convenio -añade- que el Tribunal Supremo ha anulado, y que la empresa se niega a retirar y hacer efectiva las cantidades que le adeuda a los trabajadores”.


El diputado canario afirma también que Seguridad Integral Canaria registra constantes deficiencias en materia de prevención en riesgos laborales, formación continua, “e incumplimientos de los pliegos de condiciones de los contratos públicos".


Debido a todo ello, Rodríguez preguntará cuál es el número de contratos exactos que tiene la Administración General del Estado con esta empresa, si se ha evaluado el nivel de ejecución de los contratos y si se ha comprobado que las empresas cesionarias son solventes y carecen de causas que prohíban su contratación.


El diputado recuerda que el artículo 226 de la Ley de Contratos del Sector Público, que regula la cesión de contratos, especifica que “los contratos podrán ser cedidos siempre que las cuales técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjucación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato”.


Por otro lado, Podemos en el Parlamento de Canarias también cuestionará al gobierno de Canarias sobre la situación laboral en la que quedan los trabajadores de Seguridad Integral Canaria y por los concursos que mantienen con esta empresa. 


Así, la diputada Natividad Arnáiz cuestionará al Ejecutivo para saber si se va a revisar todos aquellos concursos públicos donde estén adjudicados los servicios a las denominadas empresas piratas del sector de la seguridad privada, que mantienen a sus empleados en unas alarmantes condiciones de precariedad laboral.

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