Podemos solicita la creación de una subcomisión de estudio sobre las irregularidades en Visocan

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LIBREDIARIO@DIGITAL / CANARIAS 


  • La empresa pública está enviando órdenes de desahucio a inquilinos, a pesar de que no es un órgano competente para ejecutarlos.
  • La intención es que pasen por la subcomisión los directivos que han estado al frente de la empresa pública como el marido de Ana Oramas o José Manuel Soria, que autorizó la inversión de Visocan en fondos swaps.


El Grupo Parlamentario Podemos pidió hace un mes la constitución de una subcomisión de estudio sobre las irregularidades detectadas en Visocan. Mañana viernes día 14 de julio se votará esta propuesta en la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a las 10 de la mañana.



Visocan no es un órgano competente para ejecutar los desahucios, pero con este tipo de prácticas lo que hacen es coaccionar y amedrentar a los inquilinos para que paguen o reconozcan la deuda. Esto es una auténtica irregularidad en la gestión de la empresa pública de vivienda.



Se aprobó hace un mes en el pleno un Plan Integral de Vivienda para adoptar medidas reales para el fomento del alquiler, para que se recupere la bolsa de viviendas, así como para que se penalice a los grandes tenedores de viviendas vacías y se desarrollen programas de vivienda pública de autoconstrucción.


Por otro lado, plantea la creación de un Observatorio Canario de la Vivienda que realice estudios sobre la situación en Canarias y la evolución de los precios, que se pongan en marcha protocolos de intervención y acompañamiento social a los inquilinos de las viviendas públicas que lo requieran y que el Gobierno promueva la reconversión de la promoción privada de Visocan, y otras promocione públicas desocupadas, a régimen público para alquiler social.



Desde el Gobierno de Canarias no se ha puesto en marcha ninguna medida que permita dar salida al gran parque de viviendas vacías existentes. Con esto no nos estamos refiriendo a las segundas viviendas que tienen las familias, sino a las casas que están vacías, que ascienden a unos 130.000 inmuebles según el Ejecutivo autonómico, y que deberían formar parte de un parque de alquiler privado o público de viviendas.

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