LIBREDIARIO@DIGITAL / LA LAGUNA
En la Junta del Organismo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, celebrada el pasado jueves, se abordaron sendos expedientes que suscitaron controversia, según afirman los representantes de Unid@s se puede en la misma. Por un lado, se aprobó una mesa de Contratación Permanente del Organismo, donde a pesar de haberlo solicitado, no se contará con la fiscalización de ningún miembro de la oposición.
En este sentido, José Marrero, edil de esta formación afirma que “hace varias semanas este punto se quedó sobre la mesa para estudiar la posibilidad de que se incorporara un miembro de la oposición a la misma con el objetivo de llevar acabo una de las funciones principales de la oposición: la de fiscalizar y por parte del grupo de gobierno, cumplir con la transparencia de la que presume”.
Sin embargo, ayer se aprobó sin esta representación de la oposición. “El propio Secretario puntualizó que la Ley permite la presencia de miembros de la oposición en estas mesas de contratación y por tanto, lo que se ha aplicado es un criterio político. Un criterio de abandonar los procesos transparentes y participativos, muy en la línea de CC”, afirma Marrero.
Por otro lado, salió adelante también una nueva prórroga del contrato de limpieza de las instalaciones deportivas municipales y de oficinas gestionadas por el Organismo. Hay que recordar que este contrato ya está caducado y que no caben más prórrogas del mismo por haber superado el máximo establecido por la Ley. Idaira Afonso, representante de Unid@s se puede en el OAD, afirma que “desde la primera Junta de la legislatura, celebrada en julio de 2015, estamos a vueltas con el tema del contrato de limpieza de las instalaciones. Esta es una nueva prórroga porque no se ha hecho el procedimiento de licitación del nuevo contrato en cumplimiento de los tiempos establecidos, por ello pedimos los informes del Interventor y el Secretario para comprobar la legalidad de esta nueva prórroga, pero nunca se nos envió”, afirma Afonso.
Toda vez que para la formación lagunera se está produciendo un incumplimiento en el derecho al acceso a la información (ni se adjuntó la documentación a la convocatoria ni se indicó el lugar y la hora para poder comprobarla), se pidió que se informara en la propia Junta. Según informe del Interventor, el contrato está vencido y no caben más prórrogas, por lo que el mismo fue reparado teniendo que ser subsanado por el concejal-presidente, Agustín Hernández. La continuidad del mismo por motivos del servicio no cabe, porque se han superado todas las prórrogas y aun así no se ha sacado el nuevo concurso.
“Existen más ejemplos en el Ayuntamiento de contratos ya vencidos y dichas empresas continúan prestando el servicio a pesar de que es un procedimiento no legal. Los plazos y las prórrogas están contempladas en la Ley y saltárselo puede tener consecuencias. Además es un proceso poco transparente en el que algunas empresas están resultando beneficiadas en tanto no se convoquen nuevos concursos y el resto de las empresas no pueden concurrir”, afirma Afonso.
En opinión de ambos ediles, se vivió un clima de tensión ante la insistencia de Unid@s se puede para conocer el contenido del informe. “Levantar reparos en temas como este que pueden comprometer la seguridad jurídica del OAD, denota una clara falta de transparencia y de cumplimiento de los plazos”, afirma Marrero. Por su parte, Afonso añade que “por supuesto hay que continuar prestando el servicio y las instalaciones no pueden quedarse sin limpiar, pero la responsabilidad es del OAD, su Presidente y su Gerente. Si no cumplen ellos, son los responsables de que peligre el servicio, y si lo que están haciendo es ilegal, serán responsables también”.
Para finalizar, Unid@s se puede explica que votó en contra del expediente porque “no vamos a apoyar este tipo de irregularidades, hechas sin informes y que además pudieron resolverse hace tiempo” y puntualizan que desde 2014 se está intentando sacar adelante este nuevo contrato. Los ediles consideran que “no se puede culpar a los empleados públicos de este tipo de situaciones, quienes no dotan de recursos técnicos y huimanos a las áreas para atender sus funciones básicas deben responder, ya que lo único que hacen con este tipo de situaciones es beneficiar a empresas que optaron a unos contratos por un tiempo determinado y que ahora se las mantiene indefinidamente con prorrogas, muchas más de la que la ley contempla”, por ello anuncian que, una vez más, “pondremos este caso en manos de nuestra asesoría jurídica para realizar las acciones pertinentes y acabar con esta impunidad absoluta escondida tras la dejación de funciones de unos responsables políticos y el personal directivo que debe velar por el cumplimiento de la legalidad”.