Más de 2.000 personas en Canarias no podrán seguir trabajando con menores

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

El senador por Tenerife, Antonio Alarcó, y el representante del Frente Cívico Contra la Pederastia en Canarias, Abel Román, han valorado positivamente la entrada en vigor en Canarias de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, impulsada por Alarcó en la Cámara Alta.

Con el fin de mejorar los instrumentos de protección jurídica de la infancia y adolescencia, introduciendo cambios necesarios en aquéllos ámbitos considerados como materia orgánica, para permitir el continuar garantizando a los menores una protección uniforme y que constituya una referencia para las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia.

En este sentido el senador popular, Antonio Alarcó, señaló que “la normativa mezcla por primera vez medidas políticas, educativas, sociales y presupuestarias para combatir unas cifras verdaderamente aterradoras que son combatidas por una Ley que crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que contiene la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN”.

El Registro Central de Delincuentes Sexuales ha detectado en Canarias más de 2.000 personas que no podrán trabajar o seguir trabajando con menores bajo su cargo o responsabilidad, ya que la normativa obliga a los trabajadores con menores a su cargo a demostrar que no tienen antecedentes de abusos a menores, y en caso de tenerlos deben ser apartados de manera inmediata, además de que se establece como requisito para poder acceder a una profesión que implique contacto habitual con menores el no haber sido condenado por uno de estos delitos.

Según Abel Román, representante del Frente Cívico Contra la Pederastia en Canarias, “Ayuntamientos y Cabildos deben implicarse más en la puesta en marcha de medidas que impidan que un delincuente pueda acercarse a los menores, y por desgracia existen ayuntamientos que no son muy colaboradores en este asunto por desconocimiento”.

Y es que la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia refuerza la posición del menor frente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores, estableciendo el deber de toda persona que tuviera noticia de un hecho que pudiera constituir un delito de este tipo de ponerlo en conocimiento de las autoridades.

Román agradeció públicamente “el trabajo de todas las formaciones políticas en un instrumento que comienza a ser válido en la lucha contra la pederastia y que protege la posición de los menores, implicando a colegios, clubes deportivos, asociaciones culturales”.

Además se impulsa el conocimiento de los menores, mediante la regla Kiko, una guía de ayuda a padres y educadores a explicar a los niños y niñas dónde otras personas no pueden tocarles, cómo reaccionar y a quién dirigirse si alguien lo hace, incidiendo en que los niños son dueños de su propio cuerpo, les pertenece y tienen derecho a decir no si no quieren ser tocados o acariciados.

Precisamente el Partido Popular de La Laguna solicitaba al pleno del Ayuntamiento un compromiso firme en la lucha contra la pederastia, con la puesta en marcha de diferentes iniciativas encaminadas a vigilar y proteger a los menores.

En este sentido el también portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Alarcó, exigió la puesta en marcha del Protocolo de Prevención descrito en el IV Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia, asegurando que “su cumplimiento debe ir acompañado de otras medidas como la de incentivar campañas en los centros escolares, asociaciones de vecinos y deportivas, al objeto de advertir y prevenir esta problemática”.