El Ayuntamiento de Icod y el Cabildo, condenados a pagar una indemnización de mas de 600.000 euros.
EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia 143/2011 condenó al Ayuntamiento de Icod de los Vinos, de forma solidaria con el Cabildo Insular de Tenerife, a pagar a los vecinos afectados por una actividad industrial que viene funcionando de forma ilegal en el barrio de Santa Bárbara de la ciudad norteña, una indemnización de más de 600 mil euros, más intereses, por los daños morales causados desde el año 1982 hasta el año 2004.
La condena se debe a que ambas administraciones incumplieron sus obligaciones al no actuar para impedir el funcionamiento de la actividad industrial que causaba daños a los vecinos. Pese a que han transcurrido más de seis años, la sentencia del TSJC no había trascendido hasta ahora.
Y eso que ni el Ayuntamiento de Icod de los Vinos ni el Cabildo de Tenerife la han cumplido. No solo no la han cumplido sino que además ambas Administraciones se niegan a informar a los vecinos afectados de las actuaciones que pudieran estar realizando para su cumplimiento.
Los vecinos perjudicados se han visto obligados a acudir al Comisionado de Transparencia del gobierno de Canarias para que obligue a dichas administraciones a facilitarles la información que han pedido al respecto.
La industria en cuestión, la fábrica de bloques perteneciente a la empresa Prefabricados Santa Bárbara, conocida como Prebasa, situada en la calle Achinech de Icod de los Vinos, ha sido clausurada por orden judicial desde el año 2003.
Pese a ello sigue funcionando con total normalidad y sigue ocasionando las mismas molestias a los vecinos de la zona, y eso que el Ayuntamiento ha demostrado sobradamente en otros casos, como el Mariposario de Icod de los Vinos, que dispone de los medios necesarios para obligar al cese de una actividad cuando quiere. Con la gran diferencia de que el Mariposario no causa ningún tipo de molestias a los vecinos.
El alcalde de Icod de los Vinos, Francisco González, no solo no ha actuado para cumplir la sentencia judicial que ordena la clausura de la actividad sino que está facilitando la continuidad de dicha industria ya que ésta cuenta con una autorización especial del Ayuntamiento de Icod de los Vinos para que sus vehículos transiten de forma excepcional por la calle Achinech incluso superando el peso máximo autorizado con carácter general.
Además el Ayuntamiento suministra a la empresa el agua imprescindible para el funcionamiento de la actividad a través de la empresa municipal Icodemsa.
La sentencia del 2003 ordenando la clausura de la actividad ilegal coincidió en el tiempo con el nombramiento como director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos del actual alcalde Francisco González que no hizo nada para cumplir la sentencia a pesar de contar con un asesor (que hoy es el director de la Gerencia de Urbanismo) dedicado exclusivamente a los asuntos de disciplina urbanística.
Tampoco Juan José Dorta, cuando volvió a ostentar la Alcaldía de Icod en el año 2007 hizo nada para cumplir la sentencia judicial.
Como ya se ha dicho, pese al tiempo transcurrido, el alcalde no ha cumplido ninguna de las dos sentencias judiciales y, además de no indemnizar a los vecinos, tolera que la actividad ilegal siga funcionando con total normalidad trece años después de la orden judicial de clausura.
