El Ayuntamiento de La Laguna ayudará a familias sin recursos al cambio del contrato eléctrico

LIBREDIARIO@DIGITAL / LA LAGUNA

El pasado pleno del ayuntamiento de La Laguna, aprobó una moción a instancias de Unid@s se puede para facilitar que más familias puedan beneficiarse del bono social eléctrico. Uno de los requisitos para poder disfrutar de dicho bono, que supone la reducción de un 25% en la factura de la luz, es ser titular del contrato. 

Según Fátima González, concejala de Unid@s se puede, proponente de la moción, “hay muchas familias que viven de alquiler y no realizan un cambio en la titularidad del contrato por los costes que esto supone. Según un informe del Comisionado por la Inclusión Social y lucha contra la pobreza, son unos 119.330 potenciales beneficiarios en Canarias, con los criterios actuales, que no se están acogiendo al mismo”.

La moción aprobada ayudará, según González, “a todas esas familias que no han podido acogerse hasta ahora al bono social eléctrico por falta de recursos para realizar el cambio de titularidad del contrato. Para ello se realizará un cambio en las bases de las ayudas de emergencia, lo cual se ejecutará en pocos meses, según nos ha confirmado la concejala de Bienestar Social. Nos alegramos de que dicha propuesta haya salido con la unanimidad del pleno y con la aportación de otros grupos. Estas son las políticas que está en nuestra mano realizar y que ayudan a rescatar a las familias de años duros de crisis”, ha afirmado González.

La factura de la luz ha subido un 83.2% desde 2003 a septiembre de 2015, lo cual es una de las principales causas de pobreza energética en las islas, según un informe del recientemente cesado Comisionado para la Inclusión Social y Lucha contra la pobreza. 

Fátima González afirma que, “nos hemos basado en dicho informe para intentar llevar a cabo medidas desde nuestro ámbito municipal que ayuden a paliar la situación de pobreza energética que se sufre en nuestras islas y en nuestro municipio, siendo la principal la ayuda al cambio del contrato eléctrico, además de instar el Estado a regular la prohibición de los cortes de suministro por falta de recursos económicos, así como realizar una auditoría del sector, para conocer el verdadero coste de la tarifa, y recuperar las ayudas públicas dadas al sector eléctrico, unos 3500 millones de euros”.