Podemos enmienda el anteproyecto de ley que facilita la privatización autonómica de los servicios sociales

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LIBREDIARIO@DIGITAL / SANTA CRUZ DE TENERIFE


El grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha registrado once enmiendas al anteproyecto de ley de Asuntos Sociales que tramita el Gobierno de Canarias reclamando, sobre todo, que se corrijan los vacíos, ambigüedades y fallos que facilitan la privatización encubierta de los servicios sociales del Archipiélago. “El carácter público y el acceso universal gratuito de la ciudadanía canaria a los servicios sociales están en serio peligro si esta nueva ley se aprueba tal y como la han planteado los grupos parlamentarios de CC y PSOE”, alerta la consejera insular Mila Hormiga.


Con esta ley nos jugamos muchísimo –destaca la consejera insular de Podemos–, pues va a marcar la diferencia entre que esta Isla y el Archipiélago sigan como hasta ahora, a la cola estatal en calidad y nivel de prestación de los servicios sociales, o que consigamos ponernos al nivel de las comunidades más avanzadas en esta materia”.


Entre las mejoras que la formación defiende introducir en esa ley, Hormiga destaca el blindaje del acceso universal gratuito de la ciudadanía a los servicios sociales, que se fije la obligatoriedad de su prestación pública frente a la concertada así como las pautas necesarias para facilitar el rescate de los servicios concertados con empresas que solo buscan beneficios. Incide que si esto no se desarrolla legalmente como es debido, “los servicios que de forma subsidiaria tengan que ser encomendados a terceros, en vez de ser prestados por colectivos sin ánimo de lucro, que es lo que hay que priorizar, acaban en manos de grandes lobbies empresariales”.


Añade que es imprescindible definir cuáles son los servicios y prestaciones que va a contener la Cartera de Servicios, con denominación, definición y objeto, sobre todo, dejando claro cuáles son los servicios no esenciales y, además, que se concrete que todo ello se debe desarrollar en el plazo máximo de un año. Enfatiza también la importancia de que se describan los servicios básicos y especiales, así como la administración competente para la prestación de cada uno de ellos. E incide en que se debe definir claramente el marco de financiación de esos servicios garantizados así como las infraestructuras necesarias,“pues el borrador de la nueva ley incurre en ambigüedades en ese sentido y corremos el riesgo de seguir como hasta ahora, sin un marco normativo claro en puntos tan importantes”.


Subraya que también es vital que se defina el personal necesario para los servicios asistenciales del Archipiélago teniendo en cuenta la cantidad de población beneficiaria y la complejidad territorial de las islas, así como las competencias de cada administración y la composición de los equipos interdisciplinares básicos que deben prestarlos.


Además, Hormiga resalta la necesidad de regular la promoción de la participación de la población usuaria de los servicios sociales, los mecanismos de participación entre instituciones y sociedad civil a nivel insular y municipal y, también, la promoción laboral de personas con discapacidad, la discriminación positiva de la mujer en puestos directivos, condiciones laborales estables para el personal, reintegro de posibles beneficios en la mejora del mismo y la calidad en el empleo.


Recuerda que estas propuestas fueron planteadas el pasado mes de octubre al pleno del Cabildo de Tenerife para intentar que esta administración se involucrara en la lucha por asegurar la mejor asistencia social posible para la ciudadanía tinerfeña cuando este proyecto legislativo estaba aún en fase de borrador, “pero la moción quedó sobre la mesa porque los otros grupos alegaron al unísono que desconocían el contenido de ese importantísimo borrador”. Al final, lamenta, “la única formación política de la Isla que ha presentado enmiendas a esta importante ley ha sido Podemos, sin respaldo de ningún otro partido ni del Cabildo como institución”.


Y llama la atención sobre la paradoja de que la aceptación de las enmiendas que defiende el grupo insular de Podemos para mejorar el marco legal autonómico de estos servicios esenciales, dependa ahora de Cristina Valido, “quien hace apenas dos meses admitió como consejera de Acción Social del Cabildo tinerfeño que no se pronunciaba sobre estas enmiendas por desconocimiento y sobre la que recae ahora la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias”.



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