Cheo Dorta y 5 de sus exediles evitarán la cárcel tras un acuerdo extrajudicial

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LibreDiario@Digital / con información de EL DÍA


El exalcalde de Icod de los Vinos Juan José Dorta (PSOE) y lo ediles del grupo de gobierno en el mandato 2003-2007 Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz, Jesús Manuel Rolo Rodríguez, Maximino Fuentes Pérez y José Alberto Ruiz Guzmán llegaron a un acuerdo extrajudicial, que será ratificado hoy, para evitar la cárcel.


A las 10:00 horas está programada una vista en el Juzgado de lo Penal Número 5 de La Laguna para rubricar dicho acuerdo extrajudicial en el que asumirán su culpabilidad. Cabe recordar que el Ministerio Fiscal pidió dos años de cárcel acusándolos de presuntos delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística.


El Juzgado número 2 de Icod de los Vinos basó, a finales de 2010, sus acusaciones de posibles delitos de prevaricación continuada contra Dorta y los exediles en cuestiones como la supuesta adjudicación irregular y reiterada de obras, servicios y suministros por valor de casi tres millones de euros a unas pocas empresas; la concesión de licencias con informes técnicos en contra para varios edificios y decenas de viviendas, y la supuesta contratación "a dedo" de personal.


Aquel auto del Juzgado icodense citaba entonces trece casos de posible prevaricación urbanística y continuada por la concesión de licencias con informes técnicos desfavorables, con "un claro desprecio" de la normativa urbanística y "en un intento de beneficiar a empresas y particulares". Informes donde, según el propio auto, incluso se advertía expresamente a los ediles de la posibilidad de estar cometiendo delitos. En total, se habrían otorgado licencias irregulares para más de 150 viviendas en Icod, 58 de ellas de protección oficial.


En el mismo auto judicial de noviembre del año 2010, remitido a la Audiencia Provincial por la jueza instructora, se decía que los acusados de esta gran cantidad de supuestos pagos irregulares actuaron así "de forma continuada, conscientes de que omitían el procedimiento legalmente establecido, y sin que mostraran ninguna intención de enmendar sus errores ni de cambiar su modo de actuar, impidiendo a otras empresas la posibilidad de realizar esas obras".


Se da la circunstancia de que el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife había señalado la fecha del 13 de marzo de 2017 para el inicio del juicio.



La Fiscalía había pedido dos años de prisión y 10 de inhabilitación especial por prevaricación y otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación continuada. Eso para el exalcalde, mientras que para el exedil de Urbanismo, Maximino Fuentes Pérez, el Ministerio Fiscal llegó a solicitar el cumplimiento de tres años de prisión, 22 años de inhabilitación y una multa de 2.700 euros.




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