Los sindicatos denuncian arbitrariedad en las actuaciones jurídicas municipales sobre la función pública
LibreDiario@Digital / La Laguna
Los Sindicatos STAP-Canarias, Uso-Canarias y Asipal, con representación en las Administraciones Locales y Regionales tanto en el ámbito funcionarial como labora de Canarias, y a través de sus representantes y portavoces, Don Domingo Chávez Perdomo, Don José García Piña y Don Sebastian Afonso han expresado a José Miguel Barragán y difunden ante la opinión pública lo siguiente:
Que en el día de hoy, y tras haberlo solicitado por escrito ante la trascendencia del asunto, nos hemos reunido con el Viceconsejero de la Presidencia, Secretario y Portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento, Don José Miguel Barragán, para tratar la denuncia efectuada por dichos sindicatos ante los insistentes pleitos contenciosos que la oficina de Función Pública y sus servicios jurídicos vienen sometiendo al Ayuntamiento de La Laguna en materia de personal y contra el Acuerdo de funcionarios y no así contra las restantes administraciones de Canarias.
Ésta acción feroz de dicho gabinete dependiente del Gobierno de Canarias y de dudosa legalidad e imparcialidad, ha llevado al Ayuntamiento de La Laguna a someterse a más de 20 pleitos o reclamaciones judiciales instadas a discreción desde hace pocos años para asumir la viabilidad en los derechos y acuerdos convenidos con los funcionarios con el ánimo de tumbarles sus mejoras económicas por las que han luchado más de 20 años y donde se han visto forzados a defenderse en los juzgados a través de sus sindicatos para en ocasiones salvar dichos pleitos por sentencia judicial favorable y en otros para modificar o perder algún derecho consolidado en la administración.
Pero todo ello contrasta con que dichas acciones y semejante despliegue técnico y jurídico con los costes del erario público que ello conlleva, no han desplegado el mismo trato para defender la legalidad o las carencias de acciones para favorecer los derechos de los funcionarios en otros Ayuntamientos o en el mismo del Ayuntamiento Lagunero, con reclamar carencias de RPT, ofrecer dictámenes resolutivos, impugnar designaciones de puestos y acciones ilegales de las administraciones locales y en especial según el color político de las mismas, por lo que nos parece grave que un servicio dependiente de una Administración Pública se ponga al servicio de intereses políticos y no al interés general o de los trabajadores y en este caso empleados públicos.
De igual manera hemos encontrado irregularidades al someter su actuación de oficio y no para atender las denuncias y peticiones de otras instancias debiendo actuar en irregularidades manifiestas de otras administraciones en las que sí debería proceder sin demora por indicación de partes, y no solo no lo hacen sino que miran para otro lado vulnerando el derecho a petición reconocido en nuestra constitución y en las normas de desarrollo como la Ley Orgánica 4/2001 que garantiza éste derecho.
Por todo ello, nos hemos reunido inicialmente con el Viceconsejero para que promueva una investigación y actuaciones que consideramos arbitrarias e interesadas de dicho servicio público con el objeto de evitarlas y reconducir su legal, justa y equitativa gestión que fundamente su existencia y los costes que asume y para que en especial no agreda los derechos ni los Acuerdos de los trabajadores públicos y en todo caso colabore y fiscalice para todos y por todos.
"Hemos quedado a la espera de resultados y respuestas" -apostillan los representantes sindicales
