El Cabildo aprueba una moción de Podemos contra la política de austeridad y el recorte de competencias a las corporaciones locales
LIBREDIARIO@DIGITAL / SANTA CRUZ DE TENERIFE
El Cabildo de Tenerife se ha sumado de manera formal a la marea de ciudades y territorios que reclaman al Gobierno Central que flexibilice la 'regla de gasto' contenida en la la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (conocida popularmente como Ley Montoro).
De igual modo, plantea que se incremente el margen de maniobra fiscal a través de mayores competencias y/o transferencias a las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos y, entre otras exigencias, que negocie nuevos objetivos de déficit con la Comisión Europea “para que su reducción se acomode a mayores plazos temporales y se alcance mediante el fomento de la actividad económica y el incremento de ingresos, y no mediante el recorte de gasto”.
Fernando Sabaté, portavoz de Podemos en el Cabildo, explica que este posicionamiento se enmarca en una iniciativa presentada por su grupo en contra de la actual política de austeridad y recortes impuesta desde el Gobierno del Estado a las administraciones locales e insulares para, de forma velada, “reducir el tamaño del ámbito público, ahogando a las administraciones e impidiendo mejoras en el bienestar de la ciudadanía”.
Esta moción de Podemos aprobada con el apoyo del Gobierno insular de CC-PSOE y con la abstención del PP, apunta, parte de la evidencia de que la estrategia de control de déficit del Ejecutivo de Mariano Rajoy “ha supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales, atándolas de pies y manos al limitar su capacidad de implementar políticas sociales. Y esto no se debe consentir –añade– al ser las administraciones más próximas a la ciudadanía, responsables de buena parte de la política social y, al mismo tiempo, a las que se les está exigiendo un mayor esfuerzo de contención fiscal”, lo que “está segando por los pies las políticas sociales básicas”.
Entre los puntos aprobados para intentar revertir esta situación, destaca que el Cabildo pedirá al Gobierno Central que los ayuntamientos y cabildos con superávit puedan gastar más allá de lo que vaya a crecer la economía a medio plazo y que el techo de gasto se fije sobre las necesidades futuras de las instituciones y no sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior. También defenderá “la necesaria y urgente” modificación de los estatutos del Banco Central Europeo con el fin de que los estados miembros puedan financiar sus déficit públicos mediante financiación monetaria directa de este organismo y, además, que esa financiación vaya dirigida a mejorar la situación económica de la población precarizada.
En línea con todo lo anterior, destaca Sabaté, para sentar las bases del nuevo municipalismo del siglo XXI, también se ha acordado instar al Gobierno Central y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que estén representados los entes locales e insulares, las asociaciones de municipios, los colectivos de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. “Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales e insulares, y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía”, remarca.
Explica que estos acuerdos serán trasladados al Gobierno Central, al Congreso y también a la FECAM y la FECAI para que puedan ser apoyados por otros ayuntamientos y cabildos de Canarias.
La propuesta del grupo insular de Podemos, agrega, forma parte de una iniciativa que está siendo promovida y aprobada en numerosas administraciones locales “en la confianza de que ahora es posible incidir desde abajo en las propuestas normativas que emanen de un Congreso de los Diputados donde el Gobierno del PP está en franca minoría”.
En tal sentido, el pasado mes de octubre se registró en el Congreso una Proposición de Ley del grupo Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, que contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, A Coruña o Valencia, entre otros.
