Suspendidos tres mandos policiales a los que un juez prohíbe acercarse al cuartel

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LUCÍA BOHÓRQUEZ / EL PAÍS




Palma de Mallorca 

Dos exjefes de la Policía Local de Palma y el exjefe de la Policía Municipal de Calviá han sido suspendidos de sus funciones después de que el juez que instruye el caso de presunta corrupción en ambos cuerpos haya dictado varias órdenes de alejamiento que les impiden acercarse a las dependencias policiales y municipales. El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma investiga desde hace varios años presuntos episodios de extorsiones, coacciones y tratos de favor a empresarios de zonas de ocio nocturno de Palma y Calviá, en un caso que ha llevado a más de una quincena de agentes de ambos cuerpos a pasar por prisión de forma preventiva.


El auto dictado por el juez Manuel Penalva prohíbe a los exjefes de la Policía Local de Palma, el intendente Joan Mut y el comisario Antoni Morey, acercarse a menos de 300 metros de cualquier dependencia policial y de las regidurías de Interior y Seguridad Ciudadana. El mayor José Antonio Navarro, exjefe de la Policía municipal de Calviá, tendrá que permanecer lejos del acuartelamiento del municipio, la sede del Ayuntamiento, la calle Punta Ballena y la plaza Pitiuses, ambas en Magaluf.


El magistrado ha impuesto estas medidas, que también pesan sobre otros agentes investigados en la causa, a petición de la Fiscalía Anticorrupción para evitar que los mandos puedan entorpecer la investigación "manipulando o alterando o destruyendo pruebas en su propio beneficio". Algunos estaban de baja y tenían previsto reincorporarse a su trabajo en los cuarteles en los próximos días.


El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de manera indefinida de empleo y sueldo a los dos exjefes policiales porque "no pueden realizar su trabajo con normalidad" y solo podrán volver a sus funciones en caso de que el juez retire las medidas cautelares. El Consistorio de Calviá también ha apartado provisionalmente al mayor de la Policía, que estuvo en la cárcel algo más de un mes acusado de presuntas extorsiones a empresarios de Magaluf.


Declaración del exlíder del PP de Palma


El juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, investigan desde hace más de tres años este caso de presunta corrupción policial que ha destapado episodios de extorsiones y coacciones a empresarios del ocio a cambio de retirar denuncias, la connivencia de algunos agentes con bandas de delincuentes, inspecciones inexistentes o prebendas de los empresarios a policías a cambio de que les avisaran de las inspecciones. Juez y fiscal consideran que la trama corrupta estaba amparada por los altos mandos policiales que, según ha subrayado Penalva en algunos de sus autos, daban cobertura a quienes llevaban a cabo las presuntas prácticas irregulares y trasladaban y castigaban a quienes lo denunciaban.


El magistrado también considera que los mandos políticos permitían algunas de las prácticas y ha citado al que fuera presidente del PP de Palma José María Rodríguez para declarar como investigado el próximo 26 de agosto. Rodríguez se vio obligado a dimitir pocos días después de que se levantara parcialmente el secreto de sumario de la causa y el juez le pusiera en el centro de la trama al considerarle "el artífice en la sombra mediante turbias maniobras " del organigrama corrupto en el cuerpo.

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