Un año sin Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones desde que se aprobó
LibreDiario@Digital / La Laguna
El portavoz de Unid@s se puede en La Laguna, Rubens Ascanio, considera inexplicable que el gobierno de CC-PSOE siga sin poner en marcha la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones municipal a pesar del acuerdo plenario unánime logrado en de octubre de 2015.
Este organismo aparece plasmado en el artículo 113 del actual Reglamento Orgánico Municipal, aprobado el 16 de abril de 2009, siendo, según dicho reglamento, “una comisión necesaria de carácter obligatorio y especial, que tiene por objeto supervisar la actividad de la administración municipal a través de las sugerencias y reclamaciones que los ciudadanos y ciudadanas realicen, así como emitir informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal”.
Ascanio considera que durante siete años “se ha hurtado sistemáticamente este espacio donde la ciudadanía lagunera podría trasladar sus demandas y denuncias, haciendo un mayor seguimiento de las mismas, dejando a muchos vecinos sin esta posibilidad, que cada vez más acaban acudiendo a la oposición, ante la imposibilidad de hacer llegar sus quejas o demandas por otras vías”.
La formación lagunera manifiesta que con independencia de que todavía se esté desarrollando un largo proceso de actualización los sistemas de participación ciudadana en el municipio, “se deben poner en marcha todas las herramientas contempladas ya en los propios reglamentos municipales, incluyendo esta, que nuevamente fue contemplada entre las comisiones aprobadas al inicio del presente mandato”.
Indican que “no tiene sentido que la Ley de Grandes ciudades se utilice al capricho del grupo de Gobierno, aplicándose para dar más poderes al Alcalde o para utilizar la figura de los Directores Técnicos, cuando ha interesado, mientras que los aspectos que dotan de más recursos a los vecinos para defender sus derechos o reclamar al Ayuntamiento se dejan a la espera de procesos participativos que se alargan en el tiempo”.
