El Ayuntamiento y la Agencia Tributaria se coordinan para aligerar la burocracia

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LIBRE DIARIO @ DIGITAL / SANTA CRUZ DE TENERIFE



El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Tributaria Canaria han formalizado este mediodía un convenio de colaboración para el suministro de información. De este modo, vecinos y empresarios del municipio verán reducidos los tiempos en la tramitación de procedimientos de concesión de ayudas, subvenciones o contratación.


En virtud del acuerdo, que ha sido suscrito por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y la directora de la entidad, Cristina Hernández, los residentes que deban acreditar estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma para determinados procedimientos, no necesitarán obtener este certificado y presentarlo ante el Ayuntamiento. La agencia comunicará los datos, por vía telemática, guardando la confidencialidad y tras la autorización de los interesados.


En este sentido, Bermúdez aclaró que “la obtención de estos datos sigue siendo imprescindible porque es un requisito legal, pero ahorramos trámites al vecino, al acceder directamente a la información que nos proporciona el Gobierno de Canarias, siempre con la debida confidencialidad”.


El alcalde valoró el acuerdo como “un paso más dentro del proceso de consolidación de la administración electrónica en Santa Cruz”, y recordó que “actualmente, cada vez que un particular o empresa solicita una subvención o contrata con el Ayuntamiento tiene que acreditar que está al corriente, pedir certificados a la administración autonómica y aportarlos en mano”.


El Consistorio ya tiene un convenio similar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) respecto a las obligaciones tributarias de carácter estatal. El alcalde avanzó que, durante este año, el Ayuntamiento espera incorporarse a la Plataforma de Intermediación Electrónica, “lo que nos permitirá acceder a, al menos, treinta datos distintos sin necesidad de que los tenga que aportar el particular”.


El convenio podría comenzar a surtir efectos a partir del mes de septiembre, una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo en su ámbito de vigencia tanto al Ayuntamiento como a sus organismos autónomos y empresas públicas.


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