COMUNICADOS: PLATAFORMA AFECTAD@S POR VISOCAN
El Gobierno de Canarias se comprometió a que ninguna familia fuera desahuciada de sus viviendas sin alternativa habitacional, sin embargo VISOCAN sigue instando desalojos a través de los juzgados de la isla y de toda Canarias, con las repercusiones negativas que conlleva puesto que las familias sin recursos son multadas con cuantías que no pueden pagar y muchas veces esa imposibilidad del pago se materializa en arrestos domiciliarios, en domicilios inexistentes tras ser desalojados, solicitando además el pago de las costas de los abogados de VISOCAN, que son asalariados de la empresa pública. Hablamos de unas 5.000 viviendas afectadas con el mismo contrato.
Es contradictorio que una empresa que debe velar por el Derecho a la Vivienda, especialmente de las personas sin recursos, ejerza políticas que provocan todo lo contrario: desalojos forzosos que agudizan la exclusión residencial, los arroja a la exclusión severa, provoca la desestructuración familiar y no contempla la protección de los menores que se ven afectados por los desalojos forzosos de sus hogares.
VISOCAN gestiona gran parte del parque de Viviendas Sociales de Canarias, cuyo fin es garantizar el acceso a una vivienda digna de las familias con menos recursos económicos y sociales y mayores necesidades de una vivienda adaptada a las mismas, pertenecientes al Gobierno de Canarias o que han sido financiadas con dinero público, cuya responsabilidad pública es ser garante de este derecho básico. Los desalojos forzosos que se producen sin garantías habitacionales son ilegales y no sólo violan el Derecho a la Vivienda, sino que estando íntimamente ligado a otros derechos fundamentales como el derecho a un medioambiente saludable, derecho a la salud, a la intimidad, a la educación... estos se ven también vulnerados, siendo especialmente grave cuando quien insta dichos desalojos es una empresa gestora de viviendas públicas destinadas proteger y garantizar el acceso a una vivienda digna de las personas que pertenecen a estos colectivos.
El Gobierno de Canarias no puede exigir a las entidades financieras que dejen de ejecutar desahucios sin alternativa habitacional y pedir que pongan sus viviendas vacías como parte de parque de viviendas de alquiler social, mientras VISOCAN gestiona sus viviendas de una manera contraria al derecho a la vivienda aprovechando el miedo y provocando el silencio de muchas de las familias.
Desde nuestra Plataforma pedimos al Presidente del Gobierno de Canarias, Don Fernando Clavijo Batlle y a la Vicepresidenta y Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y Presidenta de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) Dña. Patricia Hernández Gutiérrez, que exijan, a la empresa pública, que deje de ejercer políticas de criminalización de la pobreza y no vuelva a instar procedimientos judiciales contra familias sin recursos. Y retire de los juzgados todos aquellos procedimientos que haya iniciado contra personas de este mismo colectivo y opte por iniciar procedimientos administrativos que contemplen el estudio de los casos, itinerarios de inclusión residencial y en caso de ser necesario su desalojo forzoso, se les proporcione una alternativa habitacional.
