Rajoy presiona a la oposición para ser investido antes del 23 de agosto

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EL MUNDO .-


La situación es inédita y el tiempo urge. Con estas dos premisas, Mariano Rajoy, el candidato propuesto por el Rey a la Presidencia del Gobierno, ha decidido activar a fondo la válvula de la presión sobre los líderes de los dos partidos que pueden facilitar su investidura -PSOE y Ciudadanos-, con el objetivo de conseguir un acuerdo que permita superar el bloqueo político y proceder a la formación de un Ejecutivo antes del 23 de agosto, fecha que en Moncloa fijan como límite para aprobar el techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos.


El Gobierno en funciones está dispuesto a apretar todas las tuercas, incluidas las constitucionales, para encender la chispa de la «voluntad política» que desatasque el engranaje institucional. Es en esta clave en la que, según Presidencia, debe entenderse la ambigüedad de Rajoy cuando, tras aceptar el encargo de Felipe VI, dejó en suspenso la posibilidad de acudir al Congreso para solicitar la confianza de la Cámara, como estipula la Constitución, si no cuenta con los apoyos que garanticen su investidura.


La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer, tras el Consejo de Ministros, que en su opinión el citado apartado de la Carta Magna no obliga al candidato a someterse al debate de investidura si no cuenta con los votos suficientes. Mantiene que lo que hace es «ordenar el debate parlamentario», en el sentido de «disciplinar». No obstante, eludió responder a la pregunta de si esta interpretación de la norma constitucional está sustentada en algún informe jurídico requerido por el Gobierno.


Para Rajoy, como defendió la vicepresidenta, lo que ahora es crucial no es en ningún caso plantearse la investidura, sino abrir una negociación que desemboque en la formación de un Gobierno y aleje definitivamente el fantasma de las terceras elecciones.


«España necesita un Gobierno y algunos sólo quieren un debate. Los debates deben tener un objetivo porque llevamos dos campañas electorales debatiendo y algún debate fallido en la Cámara. No es momento de reclamar exclusivamente un debate con términos jurídicos que es interpretar muy pro domo sua, es decir, en función de los propios intereses, la Constitución», argumentó Santamaría.


Más aún, ante la insistencia de los periodistas esgrimiendo los términos exactos con los que la Constitución aborda la investidura -«El candidato propuesto (...) expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de la Cámara»-, la vicepresidenta sostuvo que «antes de la coherencia jurídica están la coherencia política y la coherencia personal» y lanzó un llamamiento expreso a los líderes de las fuerzas parlamentarias para que hagan un ejercicio de «responsabilidad», se sienten a negociar y traten de alcanzar un pacto que permita formar Gobierno lo antes posible.


«Necesitamos un Gobierno», enfatizó, «por eso hago un llamamiento general a la responsabilidad de todos». Santamaría explicó que la intención de Rajoy es la de abrir un «proceso intenso de negociación» en el que pondrá una «dedicación absoluta». Y lo hará así porque, según entienden en La Moncloa, es ése precisamente el encargo que ha recibido de Felipe VI.


«Rajoy ha asumido su responsabilidad y el encargo del Monarca para intentar formar un Gobierno», insistió, dejando de lado el mandato constitucional de acudir a la Cámara para someterse al voto de confianza de los diputados. Y obviando también que el propio Grupo Popular remitió el pasado mes de febrero, ante la candidatura de Pedro Sánchez, un escrito a la Mesa del Congreso exigiendo que se marcara con carácter inmediato la fecha del debate de investidura por entender que el artículo 99 de la Constitución «contempla un claro deber constitucional, una obligación que tiene que cumplir necesariamente el presidente de la Cámara y que tiene que asumir en ejecución del mandato recibido de su majestad el Rey y del propio deber que se contempla en dicho artículo».


La intención del Gobierno con este juego de interpretaciones constitucionales que deja abierto el último paso en el proceso de investidura, no es otro que el de urgir a Sánchez y Rivera a decidir ya entre facilitar la formación de un Ejecutivo que podría ser de gran coalición, de pacto de legislatura o simplemente de acuerdos mínimos, o abocar al país a las terceras elecciones.


Aunque Rajoy se ha negado a poner fecha límite a las negociaciones que pretende llevar a cabo, fuentes gubernamentales advierten que el límite estaría antes del 23 de agosto puesto que es en esta fecha en la que el nuevo Gobierno debería dar luz verde al techo de gasto para remitirlo inmediatamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera y al Congreso y al Senado, que deben ratificar su aprobación.


Este paso es imprescindible para elaborar el proyecto de Presupuestos que a más tardar debe ser aprobado por el Consejo de Ministros en torno al 23 de septiembre para ser enviado a las Cámaras, como marca la ley, antes del 1 de octubre.


El presidente en funciones y candidato a la investidura ha fijado ya para el próximo martes un encuentro con el líder del PSOE en el Congreso de los Diputados y, al día siguiente, miércoles, con el presidente de Ciudadanos. Pedro Sánchez en la conversación telefónica que ayer mantuvo con Rajoy le anticipó que no podrá contar con los votos del PSOE y le recordó la «obligación constitucional de presentarse a la investidura».

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