La Plataforma Antidesahucios de Tenerife (PAH) saca a la luz un caso ‘terrible’ donde la Justicia maltrata a una mujer indefensa

EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife

Desde nuestra plataforma queremos denunciar la injusticia cometida con Gara del Rosario Lima Hernández, madre, que convive con dos menores a su cargo, de 10 meses y 10 años de edad, y que carece de recursos económicos suficientes para acceder a una vivienda en régimen de alquiler. Hace un mes encontró empleo, pero, aun así, sus ingresos siguen siendo insuficientes para asumir los requisitos solicitados por los arrendadores de viviendas privados (fianzas, avalistas, nóminas, avales bancarios, etc.) teniendo en cuenta que los precios actuales son los del mercado.

Gara se vio en la necesidad de entrar el pasado seis de mayo, en una vivienda abandonada que resultó ser una vivienda social en desuso de una adjudicataria que había fallecido en 2012, aunque según cuentan los vecinos de Somosierra llevaba más de veinte años sin que nadie la habitara, aunque sus familiares la utilizaban “de almacén” pues tenían algunos negocios.

Gara, con 30 años es madre soltera de dos niñas, perdió su trabajo y tuvo que abandonar la casa de alquiler en la que vivía, encontrándose en una situación extrema que le condujo a entrar el seis de mayo de este mismo año, en una vivienda vacía, para proteger a sus dos hijas y evitar quedar en la calle.

Acude el día 25 de mayo a nuestra plataforma y presenta documentación acreditativa de su situación socio-económica, además de una notificación por la que se la cita a un juicio oral, como denunciada, por un delito leve de usurpación, el día 26 de mayo, en la Sala de Vistas número 14, a las 11:00 en la primera planta de los Juzgados de Santa Cruz, ese mismo día se la deriva al Colegio Oficial de Abogados para que solicite justicia gratuita y se le asigne un abogado de oficio pero en el Colegio de Abogados le informan que para ese tipo de procedimiento no es necesario abogado y no le tramitan la solicitud por lo que al día siguiente acude al juicio sin abogado. Finalizado dicho juicio, queda visto para sentencia y se le hace entrega de una citación para que acuda el día 06 de junio de 2016 a recoger la sentencia. Llegada la fecha acude al juzgado para recoger la sentencia y le comunican de forma verbal, que el juicio ha sido anulado porque carecía de abogado y que la jueza ha solicitado de oficio que se le asigne uno. Siendo ésta la última actuación que se le comunica cualquier actuación.

El pasado 22 de julio, mientras había acudido a su puesto de trabajo, recibe la llamada de unos vecinos comunicándole que la policía estaba accediendo a su vivienda con los supuestos dueños de la casa y una comisión judicial, se persona en el domicilio y sólo permanecían en él esos supuestos propietarios. Solicita telefónicamente que se persone la policía nuevamente en la vivienda y esta vuelve con dos funcionarios del juzgado que le entregan un auto de desalojo con fecha 20 de julio, y una nueva citación para la celebración de un nuevo juicio oral el día 08 de septiembre a las 10:20 horas, además, le hacen firmar un documento sin fecha de notificación, por el que el Funcionario de Auxilio dice haberle notificado “el contenido de la anterior resolución por medio de lectura integra y entrega de copia literal” refiriéndose a dicho auto, después de haber llevado a cabo el mismo, sin previo aviso.

Contra Gara se comete una de las mayores injusticias, privar del derecho a su defensa y a la tutela judicial que se presupone debiera haber tenido por parte del sistema judicial. No se le concedió plazo para buscar una alternativa habitacional, y tampoco sacar sus pertenencias ni las de sus pequeñas, tan sólo le permitieron llevarse la cuna y algo de ropa de la bebé, comida perecedera y el cochito de la bebé. Todas sus cosas personales y familiares quedaron dentro de la vivienda, dejándola con lo puesto y en la calle, en el más absoluto desamparo. Actualmente aún no ha recuperado nada y su hija de diez años se pregunta por qué no le devuelven sus juguetes, ni sus libros o el uniforme del curso que viene para ir al colegio, llegó a decirle a su madre “¿y si voy yo mamá y se las pido?” El daño que sufren los niños y niñas víctimas de los desahucios es irreparable y lo sufren en silencio.

Actualmente Gara está alojada en uno de los pisos de emergencia del Ayuntamiento de Santa Cruz, entró en él el pasado miércoles, pero no tiene nada más que lo puesto, las camas y los cacharros de la cocina que contiene el piso, ni comida, ni su ropa, ni zapatos de sus hijas, ni su televisión o su sillón, cosas que cualquier persona trabajadora adquiere para hacer su vida más fácil en su hogar. Se solicitó por varias vías que le devolvieran sus cosas y llegan las contradicciones, según la propietaria no le puede entregar nada sin presencia policial y según el propio juzgado, la autorización la debe dar la propietaria del inmueble.

Pero al hecho de haber cometido una auténtica ilegalidad y vulnerar todos y cada uno de los derechos legales y constitucionales de Gara del Rosario Lima Hernández al llevar a cabo este acto sin previo aviso y sin alternativa habitacional, se le suma la mala fe demostrada por quienes son sus denunciantes, quienes en el veintisiete de junio mismo, con la única intención de acreditar la titularidad de una propiedad que no era suya, para poder echar a Gara a la calle, de un inmueble que ha permanecido abandonado y vacío según los vecinos durante casi veinte años, sirviendo meramente de almacén a los hijos de la antigua adjudicataria, han realizado una escritura de compra-venta notarial, que entendemos no legal, utilizando una certificación de oferta de compra antigua obrante a nombre de su madre fallecida en el año 2012, por la que, como herederos legítimos la aceptan, ejecutando la compra de una vivienda social perteneciente a la Sociedad Benéfica de Construcción La Candelaria, sociedad pública, que se encuentra en pleno proceso de disolución por el cual su patrimonio pasaría titularidad del Ayuntamiento de Santa Cruz y por consiguiente este sería su legítimo propietario, por un precio de risa, 523,73 euros. Vivienda que debió ser destinada a su fin, la protección de familias sin recursos como Gara y que por una razón o por otra permanecen vacías mientras miles de desahucios se siguen ejecutando.