Grabaciones ocultas, incluida una de la presidenta, mostrarían irregularidades muy graves en la CNMV

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Elvira Rodríguez, presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y alguno de los principales directivos del regulador bursátil español, aparecen en grabaciones comprometedoras reconociendo supuestas irregularidades cometidas por este organismo y que habrían afectado a varias empresas. Las grabaciones están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y, al menos la que afecta a Elvira Rodríguez, también en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.



Historia de una investigación de cuatro años


Estas grabaciones, así como documentación que ha recopilado la policía judicial en los últimos cuatro años, forman parte de la denominada Operación Parqué. ELPLURAL.COM ha tenido acceso a parte de esta documentación que pone en jaque el funcionamiento de un organismo tan crucial en la vida económica del país, como es el regulador de los mercados bursátiles.La operación comenzó a tomar cuerpo el 24 de mayo del año 2012, cuandoSara Pérez Frutos, propietaria de una empresa de asesoramiento financiero (EAFI), Dracon Partners, presentó ante la UDEF una serie de denuncias contra dos directivos de la CNMV. Les acusaba de falsedad documental, prevaricación, cohecho, amenazas y extorsión.Pocos días antes se había concretado una amenaza contra Dracon Partners por parte de estos directivos (la acusación después se ampliaría a otros dos). Según consta en la denuncia, los miembros de la Comisión del Mercado habían pedido a su propietaria que devolviera la licencia que tenía para operar bajo la acusación de una serie de irregularidades que Pérez Frutos no sólo consideraba falsas, sino ante las que, según argumentaba ante la policía judicial, no le habían permitido defenderse, porque no le habían concretado las acusaciones ni habían respetado siquiera los plazos para presentar los recursos. La UDEF comenzó entonces una investigación a la que, como hemos apuntado, puso el nombre de Operación Parqué.En los meses siguientes, y durante tres años, los agentes de la UDEF llevaron a cabo una minuciosa investigación que concretaron en el mes de junio del año 2015 al presentar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe dando cuenta de sus hallazgos. El fiscal al que correspondió el caso es Daniel Campos, con fama de ser de perfil progresista, y que ante la gravedad de los hechos aportados por la policía judicial abrió una investigación, ya bajo su supervisión, con el número 45/2015.

La operación afectaba a un número indeterminado de empresas


Para entonces, la policía había sumado ya al caso de Dracon Partners otras dos denuncias por presuntas presiones de los mismos directivos y presentadas por parte de los propietarios de otra empresa bursátil, Vetusta, gestora de carteras, cuyo propietario es Guillermo Menéndez, y de Zinkia, empresa productora entre otras cosas de la serie de televisión infantil Pocoyó, propiedad entonces de José María Castillejo y que ahora se encuentra en contienda judicial fundamentalmente por la actuación de la CNMV. Otras cuatro empresas,aunque aún no se han sumado a la demanda, han sido localizadas por la policía judicial como posibles víctimas de las mismas actuaciones de los directivos implicados.En el primer momento, el fiscal Campos dio luz verde a que los agentes de la UDEF procedieran a llevar a cabo todas las pruebas que le solicitaron. Entre ellas, y de manera prioritaria, presentarse en la sede la CNMV para solicitar toda la documentación que consideraban necesaria para profundizar en su investigación. En julio de 2015 llevaron a cabo esta visita, que incluyó una entrevista con la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez.El asunto, sin embargo, no se aceleró. De hecho, la Comisión, para desesperación de afectados y de la policía judicial, tardó más de tres meses en entregar la documentación solicitada. Pero con este material, y las nuevas investigaciones derivadas, la UDEF realizó un nuevo y más exhaustivo informe que entregó este pasado mes de junio al fiscal Campos.

Multas de record


En la documentación se recoge que el propietario de Vetusta fue presuntamente amenazado y presionado por los directivos afectados de la CNMV para que devolviera su licencia para actuar en bolsa, bajo la amenaza de multas y, quizás más grave, la imposibilidad de volver a trabajar en un sector tan controlado como es el de los mercados financieros, donde el prestigio y la reputación son clave. Estos hechos ocurrieron en 2007. Guillermo Menéndez cedió y se desprendió de su empresa, por lo que se libró de multas, aunque no ha podido reanudar su labor en España.No pasó lo mismo con Sara Pérez Frutos, que se resistió a devolver su licencia y en los meses siguientes a presentar su primera demanda ante la UDEF fue comprobando cómo se cumplían las advertencias que le habían realizado. Esto incluyó la retirada de su licencia para operar y multas ejemplarizantes: 1.250.000 euros a su empresa, Dracon Partners, y 600.000 euros como multa personal.Durante esta investigación, y ante la situación de indefensión ante la CNMV en la que sienten que se encuentran los afectados, a la UDEF llegan las grabaciones de directivos de la Comisión que, como apuntábamos al inicio de esta crónica, forman parte de los informes policiales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Una de esas grabaciones afecta directamente a Elvira Rodríguez, que el próximo 29 de julio, por cierto, tiene que comparecer en la Audiencia Nacional como testigo en el caso Bankia.


Comportamiento de matones


En la conversación realizada a la presidenta de la CNMV, se le escucha reconocer matonismo en el comportamiento del organismo por parte de estos directivos –“en la CNMV no estamos para ser matones de nadie”- así como insinuaciones de que las actuaciones contra alguna de las empresas no tienen base legal sostenible –“Lo de los test de idoneidad… lo he visto y es increíble que te decían que no valían”-.También ha tenido acceso ELPLURAL.COM a la existencia de grabaciones realizadas a alguno de máximos directivos de la CNMV, en las que éstos reconocen las irregularidades de los procesos que afectaban a estas empresas, y que el modus operandi llevado a cabo por sus compañeros, irregular, se mantendría en la actualidad. A pesar de que la UDEF ha entregado ya, como decimos, dos informes al fiscal Campos, y de la existencia de estas grabaciones, el fiscal de la Audiencia Nacional sigue sin judicializar el asunto. De momento se ha limitado a ampliar la investigación hasta el próximo mes de noviembre, como informaba ElConfidencial.com este martes. Este retraso en la judicialización del asunto resulta extraño en medios cercanos a la investigación, donde se reconoce que la tutela de un juez ayudaría a avanzar dadas las dificultades y consecuencias que tiene una actuación así frente a un organismo tan importante y poderoso como la CNMV. Por ejemplo, ha sorprendido que se haya dejado de tomar declaración en los últimos meses a empleados de la Comisión, alguno de los cuales había colaborado en la investigación con la policía judicial.En su información, ElConfidencial.com apuntaba a que el Fiscal estaría a la espera de que se concretaran pruebas de la existencia de un cohecho por parte de los directivos implicados, desestimando las irregularidades que llevarían a pensar en la existencia de delitos posibles de prevaricación, falsedad documental, extorsión, amenanzas y otros mantenidos en el tiempo, lo que llevaría a pensar en la existencia de un crimen de banda organizada como apuntan las investigaciones de la UDEF.


Francisco Medina es director adjunto de ELPLURAL.COM

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