En la documentación se recoge que el propietario de Vetusta fue presuntamente amenazado y presionado por los directivos afectados de la CNMV para que devolviera su licencia para actuar en bolsa, bajo la amenaza de multas y, quizás más grave, la imposibilidad de volver a trabajar en un sector tan controlado como es el de los mercados financieros, donde el
prestigio y la reputación son clave. Estos hechos ocurrieron en 2007. Guillermo Menéndez cedió y se desprendió de su empresa, por lo que se libró de multas, aunque no ha podido reanudar su labor en España.No pasó lo mismo con Sara Pérez Frutos, que se resistió a devolver su licencia y en los meses siguientes a presentar su primera demanda ante la UDEF fue comprobando cómo se cumplían las
advertencias que le habían realizado. Esto incluyó la retirada de su licencia para operar y multas ejemplarizantes: 1.250.000 euros a su empresa,
Dracon Partners, y 600.000 euros como multa personal.Durante esta investigación, y ante la situación de indefensión ante la CNMV en la que sienten que se encuentran los afectados, a la UDEF llegan las grabaciones de directivos de la Comisión que, como apuntábamos al inicio de esta crónica, forman parte de los informes policiales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. Una de esas grabaciones afecta directamente a Elvira Rodríguez, que el próximo 29 de julio, por cierto, tiene que comparecer en la Audiencia Nacional como testigo en el
caso Bankia.
Comportamiento de matones
En la conversación realizada a la presidenta de la CNMV, se le escucha reconocer
matonismo en el comportamiento del organismo por parte de estos directivos –“en la CNMV no estamos para ser matones de nadie”- así como insinuaciones de que las actuaciones contra alguna de las empresas no tienen base legal sostenible –“Lo de los test de idoneidad… lo he visto y es increíble que te decían que no valían”-.También ha tenido acceso ELPLURAL.COM a la existencia de grabaciones realizadas a alguno de máximos directivos de la CNMV, en las que éstos reconocen las irregularidades de los procesos que afectaban a estas empresas, y que el
modus operandi llevado a cabo por sus compañeros, irregular, se mantendría en la actualidad. A pesar de que la UDEF ha entregado ya, como decimos, dos informes al fiscal Campos, y de la existencia de estas grabaciones, el fiscal de la Audiencia Nacional sigue sin judicializar el asunto. De momento se ha limitado a ampliar la investigación hasta el próximo mes de noviembre, como
informaba ElConfidencial.com este martes. Este retraso en la judicialización del asunto resulta extraño en medios cercanos a la investigación, donde se reconoce que la tutela de un juez ayudaría a avanzar dadas las dificultades y consecuencias que tiene una actuación así frente a un organismo tan importante y poderoso como la CNMV. Por ejemplo, ha sorprendido que se haya dejado de tomar declaración en los últimos meses a empleados de la Comisión, alguno de los cuales había colaborado en la investigación con la policía judicial.En su información,
ElConfidencial.com apuntaba a que el Fiscal estaría a la espera de que se concretaran pruebas de la existencia de un cohecho por parte de los directivos implicados, desestimando las irregularidades que llevarían a pensar en la existencia de delitos posibles de prevaricación, falsedad documental, extorsión, amenanzas y otros mantenidos en el tiempo, lo que llevaría a pensar en la existencia de un crimen de banda organizada como apuntan las investigaciones de la UDEF.