El juez pide la lista de viajes a Cataluña de los comisarios Villarejo y Martín Blas

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EL PAÍS

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El juez de instrucción número dos de Madrid, Arturo Zamarriego, ha solicitado a la policía la relación de viajes oficiales a Cataluña que realizaron entre 2012 y 2014 los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas. La petición se enmarca en la instrucción del caso Nicolay, una pieza separada del procedimiento contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El pequeño Nicolás. En el caso se investigan delitos de revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de Justicia.


Los investigados han recibido esta petición del juez y "estarán a lo que diga el diga", según una fuente de la Dirección General de la Policía. El instructor ha añadido en su escrito que quiere que también conste la "duración y los detalles" de estos viajes oficiales.


El juez Zamarriego reclama ahora a la Dirección General de la Policía que le informe si el comisario Villarejo se encuentra "en el régimen de clases pasivas del Estado y desde qué fecha". Es decir, le pide que le detalle cuándo ha trabajado como funcionario y cuándo como "agente encubierto", según su propia definición. Villarejo mantiene una amplia red de empresas ligadas a la seguridad privada y que ha puesto al servicio del Estado, siempre según su versión.


La decisión del juez se produce después de las diferencias en las versiones de Villarejo —que permanece investigado— y de Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y que ejerce de comisionado judicial de ese juzgado llevando a cabo las investigaciones. Villarejo aseguró el 6 de julio que trabajó "intensamente" con el comisario Martín Blas en Cataluña en relación con investigaciones que afectarían a políticos independentistas, mientras que Martín Blas defiende que no habían coincidido más de cuatro veces.


En este caso, la Fiscalía de Madrid se opuso a la petición de la comisión judicial de citar como investigados a un total de 14 personas acusadas de revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de Justicia. Entre ellos figura el comisario José Manuel Villarejo Pérez (al que se acusa también de organización criminal), su actual pareja, Gemma Isabel Alcalá Garcés, y otros tres policías. El resto son periodistas de distintos medios de comunicación.


El comisario Villarejo


El juez Zamarriego reclama a la Dirección General de la Policía que le informe si el comisario Villarejo se encuentra "en el régimen de clases pasivas del Estado y desde qué fecha". Es decir, le pide que le detalle cuándo ha trabajado como funcionario y cuándo como "agente encubierto", según su propia definición. Villarejo mantiene una amplia red de empresas ligadas a la seguridad privada y que ha puesto al servicio del Estado, siempre según su versión.

La decisión del juez se produce después de las diferencias en las versiones de Villarejo -que permanece investigado-- y de Martín Blas. El primero aseguró el 6 de julio que trabajó "intensamente" con el segundo en Cataluña en relación con investigaciones que afectarían a políticos independentistas. La versión de Martín Blas fue que no habían coincidido más de cuatro veces con éste.


Investigar a Pujol


El abogado de Villarejo explicó poco después que estos viajes se realizaron desde la "neutralidad política". La grabación de su declaración del 6 de julio, a la que tuvo acceso eldiario.es, revela que dio nombres concretos de políticos. "Yo investigaba a la familia Pujol y él (en referencia a Martín Blas) se encargaba de captar fuentes como el señor éste de las grabaciones del ministro", desveló en referencia al ya exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (AOC), el magistrado Daniel de Alfonso.


De Alfonso fue cesado de este cargo por el Parlament de Cataluña después de que en la recta final de la campaña electoral del 26J el diario 'Público' informara del contenido de unas conversaciones secretas mantenidas por éste en el despacho del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Estas grabaciones están en posesión de la Fiscalía General del Estado y han motivado una investigación en paralelo de la Comisaría General de la Policía Judicial.


Tampoco coincidieron las versiones de los comisarios en sede judicial a la hora de definir su relación personal. Villarejo remontó sus divergencias a 2012, a raíz de la 'operación Emperador' contra la mafia china. Este comisario recriminó en un momento de la investigación al entonces responsable de Asuntos Internos que estuviera investigando a compañeros policías a espaldas del juez. Pero éste, sin embargo, reaccionó "presionándole", según la versión del primero, para lo que incluyó entre los detenidos en 'Emperador' al hijo de Villarejo.


La investigación del caso Nicolay corresponde a una pieza separada del procedimiento contra El pequeño Nicolás, acusado de estafa, falsificación documental y revelación de secretos. Según el sumario de la causa madre, que consta de cuatro tomos y más de 1.700 folios, el 20 de octubre de 2014 se produjo una grabación ilegal de una conversación entre tres policías y dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que luego fue manipulada, distribuida y divulgada con la clara intención de anular el procedimiento.


Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía, aparece esa grabación de la reunión con dos agentes del CNI en la que se habla de fabricar pruebas contra el joven Nicolás, que supuestamente habría colaborado con los servicios secretos. Presuntamente, esa grabación la habría realizado y filtrado Villarejo, enemistado con Martín Blas en aquel momento, octubre de 2014.

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