Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Lograr que cada vez se trabaje más, por menos salario. Con este escueto propósito se podría resumir la poderosa ofensiva que desde hace décadas vienen realizando las burguesías europeas -a través de sus instituciones de la UE- y que se ha recrudecido desde el 2008 con la excusa de la crisis económica.
Tal objetivo, por supuesto, no tiene nada de novedoso ni de circunstancial en el marco de nuestro sistema económico. Está motivado, en realidad, por la contradicción principal -e irresoluble- que enfrenta a los asalariados con los capitalistas, cuyo beneficio procede, justamente, de la apropiación del trabajo no remunerado a los trabajadores.
No obstante, el debilitamiento y la cooptación de los partidos y sindicatos obreros, la desaparición de los países del bloque socialista y, finalmente, el agotamiento de las medidas de corte keynesiano en Europa Occidental, dieron comienzo, en la década de los 70, a una etapa de retrocesos en la que las conquistas obtenidas en este terreno por las clases populares se han ido perdiendo a pasos agigantados.
La reducción de los sueldos, pero también de las pensiones públicas - salarios diferidos- y la privatización o precarización de servicios como la Salud o la Educación, forman parte de esta progresiva transferencia de la riqueza hacia las rentas del capital.
Finalmente, el estallido de la última crisis -ante la ausencia de una izquierda real con incidencia social y capacidad para proponer una alternativa anticapitalista -se ha saldado, momentáneamente, con un reforzamiento de las medidas neoliberales orientadas a multiplicar la superexplotación de los asalariados.
Esta no es una mera afirmación basada en apreciaciones subjetivas o cualitativas. Las cifras y estadísticas oficiales muestran, sin lugar a las dudas, la manera en la que se están configurando sociedades cada vez más desiguales donde, junto con la existencia de una alta tasa de desempleo crónico, sobresale la cada vez más extendida categoría de los "trabajadores pobres", cuyos contratos precarios no les permiten escapar de la marginalidad.
En este contexto, se está multiplicando otra forma de explotación laboral no encubierta, con la permisividad cómplice de las administraciones del Estado. Se trata, simplemente, de millones de horas de trabajo que no son remuneradas.
Según un reciente análisis de la empresa dedicada a recursos humanosRandstad, en el Archipiélago canario los trabajadores hicieron el pasado 2015 casi 5 millones de horas extra retribuidas. Sin embargo, de acuerdo a los datos de este mismo estudio, estas horas no representaron ni la mitad del tiempo que los empleados de las islas dedicaron al trabajo al margen de la jornada estipulada en sus contratos. Según este informe, que se basa en los datos de encuesta de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística, los asalariados de Canarias hicieron también un total de 6,3 millones de horas extras que no cobraron.
En todo el Estado español, los trabajadores hicieron un total de 126,6 millones de horas extra cobradas. Un número extraordinario que, sin embargo, supuso solamente el 44% de todas las que pasaron de más en sus fábricas, talleres u oficinas.
Según el gabinete económico de CC.OO., otro informe elaborado a este respecto pone de manifiesto que las horas extra no pagadas, ni recompensadas con más tiempo libre suponen ya el 56% del total. Un porcentaje que no ha dejado de crecer desde 2008, cuando representaban algo menos de un 40%.
La situación de total indefensión que obliga a los asalariados a admitir esta forma contemporánea de esclavitud viene determinada por la disminución de los convenios colectivos, la precariedad de los contratos, la facilidad con la que pueden ejecutarse los despidos y, en último término, el miedo a integrar las nutridas filas del ejército de parados con escasas perspectivas de volver a encontrar un nuevo empleo.