La Audiencia Nacional archiva otra denuncia sobre financiación ilegal de Podemos
El diario.es / Política
El magistrado Alejandro Abascal desestima la querella por recabar fondos de manera irregular en Irán y Venezuela, que se basaba en el supuesto informe policial PISA
El juez desconfía de la autenticidad del informe y recuerda que ya el Tribunal Supremo archivó otra denuncia de Manos Limpias basada en el documento
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha archivado la denuncia interpuesta por presunta financiación ilegal de Podemos con fondos de Venezuela o Irán recogida en el supuesto informe policial PISA (Pablo Iglesias sociedad anónima), al que no se ha dado crédito por carecer de membrete oficial.
En un auto, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Eloy Velasco, además de desconfiar de la autenticidad de ese informe, recuerda que el Tribunal Supremo ya archivó una denuncia de Manos Limpias basada en ese mismo documento, por lo que tendría además el efecto de "cosa juzgada".
Para rechazar su trámite, el juez también hace suya la argumentación que empleó el fiscal Miguel Ángel Carballo para reclamar el archivo de la denunciacontra Podemos, presentada en esta ocasión por la asociación Unión Cívica Española-Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (Ucesp).
El fiscal desacreditó el informe policial fantasma
En su informe, el fiscal desacreditó la denuncia al comprobar que se trataba de "un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa" y que el "supuesto" informe PISA "carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial".
"La redacción de hechos carece de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba y estas carencias no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio", exponía Carballo.
Hizo también referencia a que el Tribunal Supremo archivó en abril una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en ese mismo informe, supuestamente realizado por la UDEF de la Policía, pero que no está firmado por ningún agente.
El Supremo dijo entonces que la "mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos".
