El Ayuntamiento de Santa Cruz rechaza aumentar la ayuda para alimentos de familias necesitadas, como proponía UP
SANTA CRUZ DE TENERIFE/ Luisa Tamayo, concejala de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), defendió en el Pleno de Ayuntamiento chicharrero una moción en la que pedía aplicar la subida del IPC en las actuales ayudas de alimentos, ante el aumento del coste de la vida en los últimos meses, así como la implantación de un nuevo sistema de tarjetas monedero para las personas usuarias de los servicios sociales municipales, con la que podrían comprar productos y servicios básicos en empresas que se adhieran a este programa. La moción fue rechazada por el grupo de Gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejala tránsfuga Evelyn Alonso.
La nueva tarjeta monedero se denominaría Santa Cruz Solidaria, y se podría utilizar en establecimientos que deseen colaborar en esta iniciativa, con precios especiales para estas personas, objetivo para el cual el Ayuntamiento debería promover convenios de colaboración con asociaciones de pymes y comercio, con el fin de crear un catálogo de puntos de venta de bienes y servicios donde se hagan descuentos a los usuarios del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IMAS).
El desarrollo técnico de esta propuesta podría realizarse mediante un convenio con una entidad bancaria para la financiación y/o aportación de los medios que se requieran para la emisión, uso, control y recarga de estas tarjetas monedero.
En la exposición de motivos de su moción, Tamayo planteó la necesidad de “repensar el sistema de ayuda mediante tarjetas, aumentando la cuantía mensual, en especial para los tramos con más miembros en la unidad familiar, así como integrar y aumentar las prestaciones de forma que no sea solo para adquirir alimentos y productos de higiene básica sino también para otros bienes y servicios, como tarjetas de transporte público o atención sociosanitaria no incluida en la carta de servicios públicos”.
Esta propuesta de tarjeta monedero no vinculada exclusivamente a la compra de alimentos y a una cadena de supermercados (ahora solo se pueden adquirir en Hiperdino), pretendía, según explicó la concejala, “dar una atención integral a las personas usuarias para que puedan gestionar autónomamente cómo cubren sus carencias con esta ayuda y dignificar sus condiciones de vida”.
A juicio de la concejala, “es fundamental que en la gestión de la pobreza se garantice mantener un estándar mínimo de vida saludable y sin que las personas tengan que verse obligadas a depender de acudir a múltiples ONG para disponer de los bienes que necesitan, con el consiguiente gasto de tiempo y el menoscabo a su dignidad y a su plena autonomía”.
Otro elemento clave en esta propuesta es que la población usuaria podría así adquirir los bienes y servicios en su entorno más próximo, sin grandes desplazamientos y favoreciendo además el tejido empresarial y económico del municipio. En este sentido, esta iniciativa hubiera permitido que el empresariado local que lo desee pueda ejercer su responsabilidad social sin coste, más allá del descuento que ofrezcan, porque los bienes y servicios son abonados en el momento, señala la edil.
Las estadísticas socioeconómicas son ya conocidas y se recogían en la moción. La Comunidad Autónoma de Canarias sigue estando entre las tres comunidades con más tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, aumentando en 2021, según datos del INE, que, además señala, dentro de los distintos indicadores de la tasa AROPE, el aumento del índice de residentes canarios que sufren carencias materiales severas.
El INE refleja igualmente que Canarias es la región donde más gente no llega a final de mes, lo cual agrava el aumento del IPC este año, con un alza del 8,5% hasta junio (1,2 más respecto a mayo y un 4% más respecto a enero).
Hay que poner de relieve también que, en la subida de inflación, según el ISTAC, luz, gas y otros combustibles (34.3%) y vehículos personales (17,5%) son los servicios más inflacionistas. Les siguen los alimentos, las bebidas alcohólicas y los servicios de alojamiento, todos con una tasa de variación del 13,3%.
Por tanto, concluyó Tamayo, este aumento del coste de la vida resulta “especialmente gravoso a aquellas familias
