Alberto Rodríguez (Podemos): “las administraciones públicas contratan ‘empresas pirata’ que incumplen la Ley”
SANTA CRUZ DE TENERIFE/ Alberto Rodríguez, ‘cabeza de lista’ de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en las Elecciones Generales previstas para el 28 de abril, ha denunciado que “administraciones públicas como el Cabildo de Tenerife o la Tesorería de la Seguridad Social otorguen contratos a ‘empresas pirata’ que incumplen la legalidad laboral y fiscal de nuestro país”.
“Llevamos trabajando más de tres años con el sector de la seguridad privada, que engloba a 80.000 familias en todo el país, y resulta totalmente inadmisible que existan empresas pirata como las del canario Miguel Ángel Ramírez, que ni pagan los salarios ni cumplen el convenio colectivo ni pagan a la Seguridad Social ni a Hacienda”, ha afirmado.
Rodríguez se ha reunido este miércoles en Santa Cruz de Tenerife junto a Fátima González, ‘número dos’ al Congreso por Unidas Podemos, con varios trabajadores de la seguridad privada y el responsable nacional de este sector del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), Diego Giráldez
En este sentido, recuerda que tanto ministerios, como edificios públicos de todo tipo, oficinas de empleo, instalaciones de Defensa, transportes contratan con “’empresas piratas’ de seguridad privada que van más allá de la reforma laboral del PP e incumplen sistemáticamente el convenio colectivo y sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social”.
“Empresas en las que hay también persecución sindical, porque al que protesta se le persigue y se le despide”, ha afirmado
Derogar la reforma laboral
Por ello, “no vamos a dejar de repetir en los próximos días que aquellos empresarios que no cumplen la Ley no deben recibir ningún contrato público”, insistiendo en que “ya nos hubiera gustado que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera sido valiente para derogar la reforma laboral del PP, que es la que está permitiendo que estas ‘empresas pirata’ incumplan la Ley”.
“Estamos hablando de empresarios que incumplen la Constitución y mantienen en toda España a 80.000 familias en exclusión social aunque estén trabajando”, ha concluido.
