Podemos responsabiliza al Gobierno insular de la agonía salarial del personal de seguridad del IASS
TENERIFE/ María José Belda, consejera del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, critica la incapacidad del Gobierno insular de CC-PSOE para resolver la situación de precariedad extrema que padece desde hace más de un año la plantilla de seguridad del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) por el reiterado atraso en el abono de sus nóminas. “Hace mucho que debió rescindirse el contrato a la concesionaria del servicio por sus constatadas irregularidades y abusos laborales y, sin embargo, el proceso de licitación sigue en trámite mientras el personal depende de ayudas sociales para costear sus necesidades más básicas y se ve incapaz de pagar sus hipotecas, préstamos y alquileres”.
La consejera de Podemos indica que la Unión General de Trabajadores (UGT) acaba de interponer denuncia ante la Inspección Laboral por los impagos salariales a esta plantilla que no ha cobrado aún las nóminas de enero ni de febrero. “El sindicato sospecha que esos impagos responden a una estrategia de la actual concesionaria, Sinergia Vigilancia de Seguridad, para generar deuda de forma deliberada y disuadir a otras empresas de presentarse al concurso, algo creíble dada su larga lista de irregularidades y abusos laborales y dado que una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha determinado que la empresa entrante en un servicio debe asumir las deudas salariales y con la Seguridad Social contraídas por su antecesora”.
Belda recuerda que el Gobierno insular tiene constancia de irregularidades en este servicio desde 2017 y comunicó a Podemos en febrero de 2018 su intención de rescindir el contrato e iniciar el trámite de licitación para cambiar la concesionaria. “Pero dos años después, sigue prestando el servicio la misma empresa mientras se ha ido agravando mes a mes la precariedad y desesperación de la plantilla”. “Desde Podemos hemos insistido en que se retuviera su aval de concesión, y estimamos que ha llegado el momento de usarlo para pagar las nóminas”, indica.
Agrega que en este caso, además, se da la circunstancia de que la empresa incumplidora (Sinergia Vigilancia de Seguridad) está vinculada al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez, reprobado en abril 2018 en este Cabildo después de que el Gobierno insular adulterara la moción presentada por el grupo Podemos para declararle persona 'Non Grata' para la Isla por el sufrimiento que está causando a muchas familias con sus malas prácticas empresariales.
Belda critica la falta de voluntad de CC-PSOE para adoptar medidas de emergencia cuando se dan problemas como este en el Cabildo de Tenerife. “No se puede tardar más de un año en rescindir un contrato a empresas como esa, máxime cuando se ha acreditado que incurre en incumplimientos graves del pliego de condiciones al que está supeditada su concesión”. Añade que ante tipo de situaciones dramáticas para la clase trabajadora, “si no es posible cambiar con rapidez de empresa, lo suyo es que el Cabildo rescate el servicio y asuma su prestación directa hasta que pueda prestarlo una empresa responsable capaz de cumplir con sus obligaciones”.
Sin embargo, lamenta, “el grupo de Gobierno prefiere actuar como si la responsabilidad de servicios insulares como ese fuera de otros y dejar que el personal padezca todo tipo de calvarios, olvidando que la decisión de subcontratar ha sido suya y que la responsabilidad ética y formal de las condiciones de trabajo del personal subcontratado sigue siendo del Cabildo”. “El caso -critica– es que al final siempre es la parte más vulnerable de la sociedad, la clase trabajadora, la que paga los platos rotos de las malas decisiones políticas y de las empresas que incumplen sus obligaciones”.
