Caso Las Chumberas: Santiago Pérez señala que el alcalde quería ganar tiempo con la ilegalidad de MUVISA
LA LAGUNA/ El portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, señala que el alcalde, José Alberto Díaz, sólo quería ganar tiempo con la ilegalidad que cometió en la Junta General de Muvisa en el Caso Las Chumberas, con la colaboración de la secretaria, que ahora emite un informe que es más un pliego de descargo.
“El alcalde quiere ganar tiempo porque Muvisa se ha convertido en un búnker de enchufados de Coalición Canaria (CC) en el que hacen lo que quieren con el dinero. Y la prueba es que no se atreven a justificar lo recibido por el Ayuntamiento para resolver el problema de Las Chumberas”, apuntó.
“Como sea, pero en última instancia ganar tiempo, porque además es muy probable que en Muvisa exista documentación que acredite la responsabilidad delictiva del ex alcalde, Fernando Clavijo, en el manejo de ese dinero. Y si un día, no muy lejano, desaparecieron de un Juzgado, nada menos que de un Juzgado, documentos comprometedores para Clavijo, es mucho más fácil, si ganan tiempo, que esos documentos también puedan desaparecer de Muvisa”, añadió.
Santiago Pérez entiende que “no hay un solo argumento jurídico en el informe de la Secretaria que justifique la interrupción de la votación en la Junta General de Muvisa. Lo que procede no es que el alcalde convoque Muvisa en el plazo de un mes, cosa que no dice el informe pero sí ha interpolado el Gabinete de Alcaldía. Lo que procede es que se reanude la Junta General de Muvisa que el alcalde levantó ilegalmente, porque no sólo suspendió la votación, suspendió la celebración de la Junta General”.
El portavoz de XTF-NC considera que “la Secretaria General del Pleno ha tardado una semana para emitir lo que en realidad es un pliego de descargo, con el que intenta un descargo imposible de su propia responsabilidad en lo que ha ocurrido”.
Y su responsabilidad jurídica en lo que ha ocurrido es muy grave, “porque ella como cualquier otro funcionario público tiene el deber de actuar con objetividad y pleno sometimiento a la legalidad. Ella es nuesta garantía de legalidad y no es la abogada del alcalde para tratar de protegerlo, decidido como estaba, a cometer una alcaldada”.
La secretaria “no puede estar pictoteando en el ordenamiento jurídico, y si viene como asesora tiene que estar familiarizada con las normas a aplicar, y en particular si es asesora jurídica de una entidad mercantil, Muvisa, con la legislación mercantil y sobre todo con sus Estatutos Sociales”.
Porque como ella misma reconoce estaba perfectamente claro que el Pleno del Ayuntamiento se puede constituir en Junta General Universal de Muvisa, y se constituyó de acuerdo con las normas de funcionamiento del Ayuntamiento.
Y segundo, que la Junta General tiene capacidad para nombrar y destituir a los miembros del Consejo de Administración, y puede hacerlo aunque este asunto no figure en el Orden del Día. ¿Tanta ciencia jurídica había que tener para comprender esto?
Santiago Pérez advierte además de que la secretaria omite en su pliego de descargo un artículo crucial del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que regula exactamente las sociedades mercantiles de titularidad municipal. Y en ese artículo, el 50, se dice que se regirán íntegramente por el derecho privado, a menos que se estén decidiendo alguna materia que requiera control presupuestario o contable.
Esto tiene trascendencia porque al tratarse del ROM es una norma dictada por el propio Ayuntamiento en consonancia con la legislación local y con la mercantil y es plenamente aplicable al asunto que nos ocupaba.
El concejal terminó diciendo que “a partir de ahora presentaremos nuestros escritos no por el Registro municipal, sino por la ventanilla de El Día y La Opinión, porque parece que es a esos periódicos a donde se ha trasladado el Registro General del Ayuntamiento dado que tienen conocimiento de los informes de la Secretaría antes de que los conozcamos los Grupos políticos”.
