El Ayuntamiento de Santa Cruz asume su incapacidad para resolver el problema de los desahucios en Añaza
SANTA CRUZ DE TENERIFE/ El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene que agradecer al Gobierno de Canarias que haya resuelto la problemática de las 358 familias de Añaza que estaban amenzadas de desahucio. Así lo ha hecho en una nota pública asumiendo su incapacidad para dar respuesta a estos vecinos de la capital.
Así pues, el ejecutivo autonómico y el Banco Santander han llegado a un acuerdo sobre el precio de venta de las 358 viviendas de protección oficial ubicadas en el barrio de Añaza por un montante de 24,9 millones de euros. El acuerdo ha sido comunicado hoy por el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a las familias afectadas, en el transcurso de una reunión celebrada en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, que contó con la mera asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.
Para facilitar la operación de compra-venta, ayer se aprobó en Consejo de Gobierno una ampliación de capital de Visocan por importe de 25.999.994,34 euros, con el fin de dotar a la entidad pública de fondos destinados a la adquisición y construcción de viviendas para ponerlas a disposición, en régimen de alquiler, de familias en situación precaria. A partir de ahora, será el Consejo de Administración de Visocan el que gestione los detalles de la operación, ya que las viviendas pasarán a ser explotadas por la entidad.
Con este acuerdo se ofrece una solución definitiva a la situación que fue expuesta por los vecinos de dos promociones de 179 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza -en las que viven 358 núcleos familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años, varios de los cuales habían recibido comunicación de lanzamiento.
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, aseguró sentirse muy satisfecha con la solución encontrada para proporcionar una “seguridad habitacional y emocional a tantas familias que han visto alterado su día a día por el continuo vaivén de informaciones y el riesgo palpable de no poder hacer frente a sus alquileres”.
Valido recordó que “este tipo de operaciones tiene que estar sustentado en el cumplimiento de la legalidad, por lo que en su momento pedimos calma y confianza en las gestiones que estábamos realizando para que estas llegaran a buen puerto, como finalmente ha sido. Ahora, tenemos que pedirles, de nuevo, un poco más de tiempo para el resto de los pasos jurídicamente necesarios para el buen fin de la transmisión de las viviendas”.
Desde un primer momento, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, remitió diversos escritos al Banco Santander, en los que se instó a la entidad a aclarar la situación creada e informar si se había transmitido a sus arrendatarios la propiedad de alguna de las viviendas correspondientes a las dos promociones.
