Izquierda Unida pide a CC que deje de gobernar para Antonio Plasencia
SANTA CRUZ DE TENERIFE/ Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Santa Cruz de Tenerife, exige a Coalición Canaria que “deje de gobernar para el empresario Antonio Plasencia”, condenado por corrupción, y que, en consecuencia, suspenda la compra de la parcela anexa al Hospital Universitario de La Candelaria, al menos hasta que haya sentencia firme sobre el Plan General de Santa Cruz.
Trujillo exige además que CC busque otra alternativa a la compra del edificio de Cabo Llanos y resuelva la cesión ilegal del aparcamiento de Tres de Mayo en Santa Cruz. Sobre este último asunto ha pedido la comparecencia del concejal de Servicios Públicos para la próxima Comisión de Control.
El líder de la formación de izquierdad afirmó que el presidente del Cabildo anunció, en diciembre de 2015, la construcción de un hospital que sustituyera al Febles Campos y que, por lo tanto, desde entonces ha habido tiempo para encontrar una alternativa provisional para sus usuarios. Esa alternativa podría ser el alquiler, durante unos años, de un edificio apropiado o, si no, la construcción de otro que costaría siete millones de euros menos, en relación al número de plazas, de lo que cuesta el edificio de Plasencia y su acondicionamiento, también encargado al mismo empresario.
El portavoz municipal de IUC señala que la adquisición y acondicionamiento del edificio de Cabo Llanos, por parte del Cabildo, cuesta 107.800 euros por plaza, frente a los 81.400 euros que habrá costado cada plaza cuando se construya el Febles Campos II. Esto quiere decir que las instalaciones para 270 plazas cuestan 29,1 millones comprando a Plasencia y 21,9 millones construyendo el Cabildo.
Asimismo, Trujillo ve necesario aclarar públicamente si el edificio de Cabo Llanos se construyó con dinero proveniente de la Reserva de Inversiones de Canarias. Porque, en tal caso, se vería para qué sirve un mecanismo fiscal que subvenciona la construcción de un edificio, mediante rebajas fiscales, para que, con posterioridad, le sea vendido a una administración pública. Sería como comprarlo dos veces.
También habría que explicar, añade el portavoz de IUC, si el señor Plasencia, o cualquier otro empresario, construyó algún edificio beneficiándose de fondos RIC, luego lo alquiló a la administración e, incluso, con posterioridad, acabó vendiéndolo a la administración. Porque, aunque todo ello sea legal, se trataría de decisiones económicas enormemente lesivas para el interés público y propias de un estado depredador.
En suma, desde IUC, se considera que tanto la compra del edificio de Cabo Llanos como la adquisición de la parcela anexa al Hospital de La Candelaria, carecen de toda justificación desde la perspectiva del interés público a día de hoy.
