Podemos Santa Cruz presenta alegaciones a la ordenanza reguladora de viviendas vacacionales
SANTA CRUZ DE TENERIFE/ Podemos Santa Cruz ha presentado una serie de propuestas a la ordenanza reguladora del uso urbanístico de las viviendas vacacionales en el municipio. Estas alegaciones se centran sobre todo en controlar la acumulación de viviendas de uso turístico en manos de unos pocos propietarios. Para Podemos Santa Cruz “se debe evitar que se especule con la vivienda en la ciudad”.
Según la formación morada, el texto debería incluir específicamente “el cumplimiento de la normativa, estableciendo los mecanismos suficientes para evitar el fraude, la subida de los precios y que se eche a la gente de sus barrios, por lo que se debe establecer un número máximo de licencias en el municipio”.
Para Yaiza Gorrín, secretaria general de Podemos Santa Cruz, el texto regulador es “claramente insuficiente ya que, teniendo en cuenta que el riesgo de pobreza en Canarias es del 40,2%, el segundo más alto de España o que los alquileres suben en Canarias cuatro veces más que los sueldos desde 2007, no se entiende como el consistorio cree que con este borrador va a solucionar las necesidades importantes de sus vecinas y vecinos.”
El círculo de Podemos insiste en que “no se debe permitir que haya vivienda vacacional en aquellas zonas donde existe emergencia habitacional, es decir, donde haya más demanda de alquiler que oferta a precios asequibles”.
Dentro de las propuestas presentadas a través del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz, Podemos reclama al gobierno local que disponga de “inspectores virtuales para poder comprobar que lo ofertado por los canales disponibles de oferta turística, corresponde con las comunicaciones previas realizadas de cambio de uso y de inicio de actividad.”
Podemos Santa Cruz exige además que “el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular se coordinen para poder estar al día de aquellas declaraciones responsables presentadas en el cabildo así como las solicitudes de cambio de uso e inicio de actividad en el consistorio capitalino”.
Del mismo modo, instan al Gobierno de Canarias “a autorizar esta actividad exclusivamente en zonas turísticas, previamente delimitadas, para que las vecinas y vecinos que residan en los municipios afectados, no se vean perjudicados por la misma”
