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Detenido García Juliá en Sao Paulo (Brasil) por los asesinatos de Atocha en 1977 y que usaba identidad venezolana

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BARCELONA


El ciudadano español Carlos García Juliá, acusado de matar a cinco personas en Madrid en 1977 y detenido en Sao Paulo (sureste de Brasil), usaba una identidad falsa y vivía en el país sudamericano fingiendo ser de nacionalidad venezolana.


"Él vivía en Brasil como si fuese un ciudadano venezolano, tenía su documento nacional de extranjero", comentó en rueda de prensa el comisario de la Policía Federal brasileña Disney Rosseti, acompañado de efectivos españoles que también participaron en esta operación conjunta, liderada por la Interpol.



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García Juliá entró en Brasil en 2001, procedente de Venezuela, y poco después solicitó registrarse oficialmente como ciudadano extranjero con el nombre de Genaro Antonio Materán Flores.


Los investigadores empezaron a desconfiar de que esa fuera su verdadera identidad en 2011, cuando no renovó su documentación, y desde entonces empezaron a cruzar datos con autoridades de Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia, los países por los que pasó desde que se fugó de España en 1994, que permitieron su captura.


Actualmente vivía en el barrio de Barra Funda de Sao Paulo, en la zona oeste de la ciudad, con su compañera sentimental, una mujer brasileña que al parecer no estaba al corriente de su pasado delictivo, y trabajaba como conductor de Uber.


El ultraderechista García Juliá fue condenado a 193 años de cárcel por el asesinato de cinco abogados laboralistas, y pasó 14 años en una cárcel española, aunque en 1994 aprovechó un permiso penitenciario para fugarse a Latinoamérica.


Ahora, el Gobierno español deberá reiterar la petición de extradición a las autoridades brasileñas para que cumpla lo que le queda de condena (3.855 días, diez años y medio), aunque los agentes que participaron en la operación aseguraron este viernes que seguramente sumará más años por quebrantamiento de la sentencia.


La matanza de Atocha fue perpetrada por un grupo de ultraderechistas contra los abogados que asesoraban al sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) y al Partido Comunista de España (PCE), que en 1977 aún seguía siendo ilegal, y marcó los años de Transición entre la dictadura de Francisco Franco y la democracia. 

Libre@Diario