SANTA CRUZ DE TENERIFE
El desalojo ha sido evitado.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha remitido un escrito al Juzgado de Primera Instancia Número 2 solicitando la paralización del lanzamiento judicial previsto para hoy, miércoles, de una vecinas de un bloque de viviendas de Añaza, propiedad de la entidad LURI 6 S.A, y de su avalista.
El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la paralización del lanzamiento judicial previsto para hoy miércoles de una vecina de un bloque de viviendas de Añaza, propiedad de la entidad Luri 6 S.A. y de su avalista, según han informado fuentes oficiales del Ayuntamiento.
En el escrito, y tal y como ya hiciera la semana pasada con ocasión de otros dos desahucios, el alcalde indica al órgano judicial que ha remitido una comunicación a la propia entidad informándoles de la activación del Protocolo municipal Anti-Desahucios “a fin de de conseguir la inmediata paralización de cualquier actuación que pudiera estar llevando esa entidad, en el desahucio y lanzamiento contra los afectados por dicho procedimiento, toda vez que la misma ocasionaría daños de difícil reparación quedando en situación de exclusión residencial”.
Del mismo modo, el alcalde ha dado instrucciones al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y a la entidad Viviendas Municipales para que “se contemple la urgencia en el trámite de las prestaciones que correspondan y se gestionen las ayudas necesarias, a fin de valorar la posibilidad de encontrar una alternativa a la situación que sufren estas personas”.
El alcalde recordó hoy que la activación del Protocolo Anti-Desahucios en Santa Cruz, junto a otras medias complementarias, ha permitido evitar en los últimos años en la ciudad cerca de 200 situaciones de exclusión residencial en el municipio.
El citado Protocolo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de mayo de 2012.
Por otro lado, las instituciones se reunirán con el Banco Santander y las familias de Añaza para solucionar los deshaucios
El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y la consejera del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se reunirán con responsables del Banco Santander para buscar una solución al problema que padecen las familias de Añaza en riesgo de desahucio. Carlos Alonso ha anunciado que esta mañana [miércoles 17] y por registro de entrada ha recibido una respuesta a la solicitud que la pasada semana realizó a la entidad bancaria y por tanto “estamos dispuestos a dialogar con el fin de evitar los desahucios de estas personas”.
Al encuentro, que tendrá lugar en el ayuntamiento de Santa Cruz el próximo viernes 19, está previsto que también asistan representantes de las familias afectadas.
La reacción del Banco Santander surge tras la decisión del Cabildo y del ayuntamiento de Santa Cruz de retirar del banco un total de 27 y 2 millones respectivamente, como medida de presión ante esta grave situación. “La reacción positiva que ayer esperaba por parte de la entidad bancaria se ha producido hoy por lo que estamos abiertos al diálogo”. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz mostró su satisfacción por el hecho de que en la mañana de hoy no se haya producido el desahucio que estaba previsto y “esa es una noticia positiva que abre a la puerta a la esperanza de que se este problema finalmente se resuelva con éxito y que el resto de desahucios tampoco se produzcan."
En este sentido cabe recordar que la Corporación insular pidió la pasada semana información “clara y precisa” sobre la situación real de las viviendas y que se paralizara cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en estos inmuebles. El presidente insular recuerda que el Pleno del Cabildo de Tenerife, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar que recoge diversas medidas. Entre ellas se encuentra instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos el Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial.
El acuerdo insta también a estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial.