Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 40 personas en el segundo trimestre del año
MADRID / AGENCIAS
Los jueces españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2018 la instrucción de un total de 11 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 40 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año, que por primera vez incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo: fueron seis, cinco en Andalucía y una en la Comunidad Valenciana.
El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web 'www.poderjudicial.es' y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).
Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los juzgados y tribunales dictaron 23 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 14 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 60,9 por ciento del total.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
92 EN PRISIÓN
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de octubre de este año había en el conjunto de España 92 penados –en 51 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 22 con el de cohecho- y nueve preventivos.
