El Ayuntamiento solicita la paralización inmediata de los desahucios en Añaza
SANTA CRUZ DE TENERIFE
- El alcalde concede un plazo de 48 horas a las empresas que gestionan el inmueble para que informen de lo que ocurre y expongan sus intenciones
- “Si piensan venderlas, o si ya lo han hecho, iniciaremos acciones legales porque las VPO no pueden transmitirse sin permiso del Gobierno de Canarias”
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha solicitado esta tarde a las entidades Luri 6 y Altamira, empresas vinculadas al Banco de Santander, “que paralicen de manera inmediata los procedimientos judiciales de desahucio que han emprendido en un bloque de viviendas de protección oficial situado en Añaza”. De la misma manera, ha emplazado a ambas “a que nos informen, en un plazo de 48 horas, sobre lo que está ocurriendo allí y nos expongan sus intenciones de manera clara”.
El regidor municipal presidió una reunión en el Ayuntamiento con una representación de los inquilinos afectados por esta medida, que contó con la participación la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, además de los concejales de Vivienda, Asuntos Sociales y Distrito Suroeste, Carmen Delia Alberto, Óscar García y Gladis de León, respectivamente, y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León.
“Tienen que parar los desahucios y renovar los contratos de alquiler –prosiguió Bermúdez– porque son viviendas de protección oficial y, como tales, no se pueden transmitir ni vender sin la autorización del Gobierno de Canarias. Por eso, si están pensando en venderlas, o incluso si ya lo han hecho, vamos a iniciar acciones legales para hacer cumplir la ley”.
El alcalde reiteró que “la voluntad del Ayuntamiento es de diálogo y queremos que este asunto se resuelva por esa vía. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser firmes porque ya hay desahucios en marcha y han comunicado a los inquilinos que no van a renovarles los contratos de alquiler”.
Esta situación, a juicio del alcalde, “tiene que cambiar de manera urgente, ya que el 70% de las familias que están allí ahora mismo reciben ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Si no les renuevan el contrato de alquiler, va a generarse una situación de desamparo para ellos porque no podrían recibir la ayuda municipal a la que tienen derecho ahora mismo por estar como inquilinos en esas viviendas”, explicó.
