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Sí se puede reclama a Clavijo que amplíe el plazo para pedir ayudas para vivienda

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Pedro y Asun


EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife


Sí se puede reclama al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que amplíe el plazo para solicitar las subvenciones para alquiler y rehabilitación de viviendas. La organización ecosocialista exige un plan canario de vivienda actualizado y denuncia la desidia de Coalición Canaria (CC) ante una problemática que afecta a miles de familias de nuestro archipiélago.


Es imprescindible, en primer lugar, ampliar el plazo de solicitud de las ayudas para alquiler y rehabilitación de viviendas, aunque esta convocatoria es solamente un parche”, asegura Asun Frías, portavoz de Derechos Sociales de Sí se puede. A juicio de la formación, que se convoque en pleno mes de agosto y con tan solo quince días de plazo, dificulta a la ciudadanía la presentación de solicitudes.


En esta línea, Sí se puede asegura que “el que la firma del convenio con el ministerio de Fomento se diera en junio no justifica la convocatoria en agosto; otras comunidades autónomas han abierto el plazo antes de esta firma, ya que el plan estatal de vivienda 2018-2021 está aprobado desde marzo, así que no vale escudarse en el cambio de gobierno central para justificar que la convocatoria se haya abierto en agosto, como ha hecho la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido”, apuntala portavoz.


La organización ecosocialista recuerda que hace una década que no se actualiza el plan de viviendas de Canarias (el último aprobado fue el 2009-2012), “lo que es una vergüenza. Clavijo no tiene un plan de vivienda y eso no es una novedad sino una muestra más de que CC gobierna para favorecer intereses que no son los del pueblo canario” , denuncia Frías.


La organización ecosocialista recomienda al presidente Clavijo que estudie a fondo y detenidamente el informe anual del Diputado del Común correspondiente a 2017, en el que llama la atención sobre las consecuencias de la ausencia de una auténtica política de vivienda pública orientada a abordar el asunto como un grave problema social y no como unas cuantas ayudas que se gestionan con fondos procedentes de Madrid.


Así, el Diputado del Común advierte del “especial protagonismo” de quejas ciudadanas que pedían en 2017 “intermediación y mediación en situaciones de desahucios con fechas de lanzamiento inminente, ante un posible desalojo sin alternativa habitacional”, por lo que califica el problema de “gravísima dimensión y de difícil solución, a pesar de la activación de los protocolos de emergencia” y otras medidas preventivas para “evitar que familias canarias queden en exclusión habitacional”, además del riesgo de exclusión social y de desestructuración de la unidad familiar; “las medidas continúan siendo insuficientes”, asegura el documento.


El Diputado del Común pone el dedo en la llaga cuando en su último informe anual afirma que “la exigencia de desplegar una actividad pública correctora en el ámbito de la vivienda pública en Canarias es más que evidente” y al indicar que “la dificultad real de disfrutar de una vivienda digna coincide con la existencia de miles de viviendas construidas, habitables y sin ocupar”, por lo que las políticas públicas “continúan siendo deficitarias”, al tiempo que reclama “a las administraciones implicadas que busquen nuevas fórmulas de resolución a este conflicto social y que se comience a dar una respuesta inmediata a aquellas familias que viven en Canarias en absoluta precariedad habitacional”.

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