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Una TV que nunca tenía que haber nacido

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RTVC


EDITORIAL


¡¡TODA LA VERDAD SOBRE NUESTRA TV PUBLICA Y DONDE ESTABA ANOCHE CON EL INCENDIO DEL #HUNSC.!!


No es la primera vez que el ente público está a punto de ir a negro ya que el pasado mes de julio a su presidente, Santiago Negrín (entonces) tanto la consejera María Lorenzo como la oposición le alegaron que la Ley estipula que sólo dos votos favorables no son suficientes para mantener el Consejo de Administración y sus acuerdos. 


El consejo rector contaba hasta hace muy poco con tres vocales: el presidente del ente público, Santiago Negrín, y el consejero que propuso el PP, Alberto Padrón, que han votado a favor de la prórroga, además de la consejera propuesta por el PSOE, María Lorenzo, que se ha abstenido. Desde 2015 han habido dos vacantes en este órgano.


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SANTIAGO NEGRÍN, expresidente de RTVC


Durante la reunión del consejo rector se le planteó a la secretaria del consejo qué puede ocurrir ahora y si el presidente del ente público está legitimado para aprobar de nuevo una prórroga sólo con dos votos favorables. A esta cuestión la secretaria contestó que de acuerdo a la Ley son necesarios tres votos, lo que se contradice cuando la secretaria sustituta (la titular se encontraba de permiso de maternidad) permitió que se ampliara el contrato cuatro meses más por 1,3 millones de euros.


El proyecto de creación de este canal surge en diciembre de 1984 con la promulgación de la ley 8/1984 de la Comunidad Autónoma de Canarias relativa a la Radiodifusión y Televisión Canaria. En junio de 1997 se constituye el primer Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria (RTVC).


En junio de 1998 se adjudica por medio de concurso público la realización-producción de la programación íntegra de la televisión pública y su gestión publicitaria a la Productora Canaria de Televisión Canaria (PCTV). Dicha productora está participada en un 40% por el Grupo Prisa, pero por un problema legal con una productora local que ostenta la propiedad de la marca Productora Canaria de Televisión, la empresa concesionaria de la producción de la programación de la cadena pública se encontró con una resolución judicial que la obligaba a cambiar el nombre que utilizaba hasta ese entonces. De ésta forma la PCTV pasó a denominarse SOCATER (Sociedad Canaria de Televisión Regional).


No será hasta el 21 de agosto de 1999 y bajo la denominación de Televisión Autonómica de Canarias (TVAC) cuando el canal público comience sus emisiones, retransmitiendo dicho día el duelo futbolístico canario Las Palmas - Tenerife, tras 11 años sin disputarse. El inicio fue con la polémica surgida entre los operadores de televisión local de entonces, que se vieron obligados a cambiar de frecuencias de emisión, pues éstas pasaron a ser utilizadas para la TVAC.


El 29 de mayo de 2000 se inauguran los nuevos centros de producción de Televisión Canaria, en las islas capitalinas.


El 15 de octubre de 2001 la cadena pasaría a denominarse "Televisión Canaria" utilizándose hasta el 2008 eslogan "la nuestra" para darle publicidad entre los canarios; durante esas fechas y desde los diferentes programas se recomendaba a los telespectadores, SIN MUCHO EXITO, sintonizar el canal en el dial 4 de sus televisores, el cual ya estaba ocupado por Cuatro, antiguo Canal +.


El día 9 de abril de 2010 los trabajadores de Videoreport Canarias, empresa adjudicataria de los informativos de TV Canaria empezaron una HUELGA debido a la intención de la empresa de recortar los derechos de sus trabajadores. El día 14 de junio de 2010 termina la huelga tras llegar a un acuerdo la empresa y trabajadores.


A finales de 2017 se anunció el apagón que tendrá lugar, si nada cambiaba, el 1 de enero de 2018. No obstante, en otras ocasiones ha estado a punto de ocurrir este suceso. Tuvo lugar justo antes de sonar la primera campanada, aún así continuaron emitiendo hasta finales de junio aproximadamente.


UNIDAD MOVIL

UNIDAD MÓVIL RTVC


Las audiencias comenzaron a ser medidas en 2007 anual y mensual del 5'4% de cuota de pantalla.


Willy García y Rubén Fontes "ayudaron a destruir" el mercado audiovisual canario


Varios testigos del sector aseguran a la Policía que el exdirector general y el jefe de Producción de la Televisión Autonómica "favorecían" a Doble Diez y Siete Mares.


El exdirector general de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García-Machiñena, y el jefe de Producción de esta cadena de televisión pública, Rubén Fontes, "contribuyeron durante su gestión a destruir el mercado audiovisual canario, dejándolo en una situación precaria y obsoleta respecto a otras productoras de la Península". Esta es la declaración de uno de los testigos que han declarado ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife en relación a las pesquisas mandatadas por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña, María de Lorenzo-Cáceres Farizo, que instruye la denominada operación Gloria -también llamado caso Willy- que investiga presuntas irregularidades en la contratación de productoras audiovisuales privadas durante la etapa de García-Machiñena al frente del ente público.


En este informe policial , los investigadores recopilan las declaraciones de profesionales del sector audiovisual canario, algunos de ellos empleados de alta cualificación que conocieron de primera mano los pormenores de algunas de las contrataciones que RTVC suscribió con determinadas productoras desde el 1 de enero de 2008 hasta finales de marzo de 2015, cuando García-Machiñena era el máximo responsable de la televisión Autonómica. El testimonio ofrecido por este testigo en sede policial es "coincidente" con lo manifestado por otras personas que también fueron llamadas a declarar en relación con los hechos investigados por la juez.


El informe policial entregado a la magistrada recoge que durante el tiempo en el que estuvieron en la Televisión Canaria Guillermo García-Machiñena y Rubén Fontes, como director general el primero, y de producciones el segundo, "era un parecer general de los trabajadores del sector que existían dos ejes en el mercado audiovisual: uno entre Guillermo García y Doble Diez Comunicación, y otro por parte de Rubén Fontes con Siete Mares".


Dos testigos más manifiestan a los investigadores cómo otras productoras audiovisuales isleñas, cuando iban a formalizar un contrato para la realización de algún programa para ser emitido por la Televisión Pública Canaria "recibían instrucciones o presiones para que produjeran dichos programas en el plató de Doble Diez Comunicación, bajo la amenaza de retirarles el programa".


Además, uno de estos dos últimos testigos declaró ante la Policía que los directivos de una de las empresas para las que él trabajó le "prohibieron contratar los platós y oficinas de otras productoras canarias" a pesar de sus precios competitivos. En su declaración, el testigo abunda sobre este asunto al decir que le "llamó la atención" que se realizara un programa contratado a una pequeña productora en el plató de Doble Diez Comunicación porque le dijeron que "estaba así supeditado", aún cuando -incide- "no era el plató más económico". Añade que el presupuesto para producir los 13 capítulos del programa en cuestión "era disparatado, de aproximadamente un millón de euros".


COSTES ELEVADOS 


En este sentido, el testigo asevera que "el coste del plató fue bastante alto y que después de realizar los 13 programas, el plató de Doble Diez quedó totalmente pagado". Manifiesta que Doble Diez Comunicación, cuyo director es Santiago Falcón -amigo íntimo de Guillermo García-Machiñena, como el mismo reconoció en un acto público-, utilizó luego el mismo plató para la realización de sus programas, "beneficiándose por tanto de un coste cero por infraestructura al tenerlo ya amortizado", comentó.


Otro de los testigos puso tras la pista a los investigadores sobre la presunta conexión que existiría entre Rubén Fontes, jefe de Producciones de RTVC, con la empresa audiovisual Siete Mares. Sobre este asunto la información que aportó el testigo a la investigación no sería concluyente a pesar de que, al igual que relataron otros implicados, "Fontes mantenía una relación con Siete Mares, aunque no está claramente definida. Así, señala que Fontes entraba a reuniones en las que no debería estar salvo que tuviera intereses en la producción de los programas de Siete Mares".


La magistrada que instruye este caso levantó parcialmente el secreto de actuaciones a tres de las cuatro piezas separadas de un sumario que se inició con la investigación de los contratos firmados entre RTVC y la productora Amanecer Latino, cuyo dueño es Paco Padrón, amigo y antiguo jefe de García-Machiñena.


Entre 2008 y 2009, la empresa de Padrón facturó a la Televisión Pública Canaria 2,3 millones de euros por diversos programas, de los que la mayoría de ellos ni siquiera alcanzó el millar de espectadores.


Además, "RTVC pagó directamente las deudas que la productora de Padrón había contraído con la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyo embargo fue comunicado a la cadena de televisión en 2006, y que ascendía a 1,3 millones de euros. A finales de 2009, RTVC le compró a Padrón por 90.000 euros una serie que nunca se llegó a emitir. De esa cantidad, RTVC abonó otra deuda de Amanecer Latino, esta vez con Hacienda por algo más de 30.500 euros".


Pero la de Padrón no fue, ni de lejos, la productora que más facturó a RTVC durante la gestión de García-Machiñena. Doble Diez Comunicación suscribió contratos de producción de programas por valor de 18,9 millones de euros.


Siete Mares facturó alrededor de tres millones de euros en el mismo periodo por la emisión en exteriores de encuentros deportivos, actos, romerías, fiestas y la producción del programa Noche de taifas.


En esta causa, la magistrada mantiene la imputación de Guillermo García-Machiñena y Paco Padrón por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, mientras que para la exdirectora financiera de RTVC, Lourdes Reyes, sostiene los cargos por la presunta autoría de malversación y prevaricación.


Entre el 2015 y el 2018 se le han entregado a este ente público 3'9 millones de € de nuestro bolsillo , dinero que podía haberse destinado desde hace mucho tiempo en políticas sociales y sanidad pública, no en un canal que bien demuestra las estadísticas que NUNCA fue rentable sino una simple tapadera para un fraude político, y no por parte solo de los NACIONALISTAS CANARIOS, también con la ayuda del P.S.O.E. y  el P.P.

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