Luisa Carrasco / LIBRE@DIARIO/INFOEMPLEO@
El presidente del Gobierno ha anunciado un plan de choque contra la precariedad laboral en la población más joven y, en concreto, una mayor regularización de las prácticas en empresas a través de la creación del Estatuto del Becario. Se impulsarán, además, los contratos de relevo con la finalidad de mejorar la renovación de las plantillas y la creación de empleo estable para jóvenes.
La modalidad de contratación de relevo consiste facilitar la transición de dos trabajadores en un mismo puesto de trabajo.
Uno de salida, alguien que elige la jubilación parcial anticipada, el relevado y un trabajador desempleado o con un contrato de duración determinada que accede a ese puesto de forma escalonada, el relevista. Esta situación se mantiene hasta que se produce la jubilación definitiva del trabajador que ha completado su vida laboral. Según este tipo de contrato el trabajador que releva firmaría un contrato indefinido.
Esta medida se anuncia tras el acuerdo alcanzado en abril en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso entre la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el partido del actual gobierno.
Para garantizar la mejoría del empleo entre la población más joven también se propuesto recetas que acaben con las malas prácticas en las empresas que incorporan a estudiantes en prácticas.
El número de trabajadores en prácticas aumentó en 250% desde el año 2013 al 2015, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Aunque esta fórmula resulta beneficiosa para ambas partes, ya que quienes han finalizado sus estudios o están en ello tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno laboral real, su pervivencia en el tiempo y la falta de una regulación exhaustiva hace que su produzca de forma sistemática abusos por parte de algunas empresas.
Así lo vienen denunciando sindicatos y partidos políticos desde hace algún tiempo. Señalan que se ha producido un incremento notable, y con escasa justificación, de estos modelos de colaboración empresas-centros formativos y estudiantes desde el momento álgido de la crisis.
En este sentido, entre el paquete de medidas comunicadas para acabar con la precariedad del empleo juvenil el Gobierno propone la eliminación de las prácticas extracurriculares, es decir, aquellas que no forman parte del plan de estudios pero que el estudiante realiza de forma voluntaria.
En estos casos no existe un contrato laboral como tal si no que la universidad, la empresa y el propio becario firman un convenio de colaboración educativo. Al tratarse de una actividad formativa, ya que la idea es que el estudiante se sumerja en un ambiente laboral real donde poder volcar lo aprendido durante su formación, no hay vinculación laboral.
El problema, denuncian estas organizaciones, es que, sistemáticamente, se produce un extralimitación de esta modalidad por parte de algunas empresas que la utilizan para sustituir en sus puestos a otros trabajadores abaratando, de forma fraudulenta, los costes de contratación.
No hay ningún salario estipulado pero lo habitual es que se perciba una cantidad en concepto de bolsa o ayuda al estudio. En este caso, la empresa deberá dar de alta en la Seguridad Social al estudiante por contingencias comunes por lo que se le bonificará el 100% de la cotización. El problema es que entre las cotizaciones que paga la empresa no está incluida la correspondiente al desempleo, por lo que estos jóvenes no podrían cobrar el paro cuando terminen sus prácticas y, en el caso de que fueran contratados, el tiempo durante el que ha durado la beca no computa para la antigüedad en la empresa.
Según un estudio de la Comisión Europea el 58% de los becarios en prácticas no reciben remuneración económica. Denuncian que la carga de trabajo es muy similar cuando no, prácticamente igual que la de sus compañeros contratados. Un informe de la OCDE añade que el 29% de los jóvenes en prácticas en España recibe un salario insuficiente para poder vivir.