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La letra pequeña de la propuesta de Podemos para combatir la temporalidad laboral

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OE


NUEVATRIBUNA


Mantener a casi uno de cada tres trabajadores con contratos temporales breves, en continua rotación y de los que es imposible escapar constituye un escándalo


Fiel a nuestras costumbres, el modelo que surge de los cambios laborales de la crisis es el de los trabajadores débiles. Trabajadores y trabajadoras privados materialmente de los elementos más básicos para ser ciudadanos en la empresa y fuera de ella, y respecto de los cuales es muy difícil asentar cualquier tipo de recuperación porque el cumplimiento de las reglas de juego no es precisamente algo que caracterice la convivencia con la precariedad.


La debilidad tiene muchos orígenes, desde la pura y simple privación de la condición de trabajador (plataformas digitales, falsas cooperativas, autónomos fraudulentos muchas veces vestidos de «emprendedores», etc.) hasta la clásica temporalidad, pasando por la parcialidad, la tercerización y otros platos del amplio menú de degustación que se pone a precios populares al alcance de las empresas. Intervenir en todos estos campos es imprescindible, pero seguramente la temporalidad, ese camino suicida en el que se ha empeñado nuestro país desde finales de los 70, no puede esperar un minuto más.


Mantener a casi uno de cada tres trabajadores con contratos temporales breves, en continua rotación y de los que es imposible escapar constituye un escándalo. Como lo es privar a sectores enteros de la estabilidad en el empleo bajo la escusa de que trabajan en el marco de concesiones o contratas, o considerar interinos a quienes llevan décadas prestando sus servicios. Esto y mucho más, tan cotidiano que ha dejado de asombrar, debe ser corregido sin incurrir en lo melifluo de otras ocasiones y mucho menos en las trampas del lenguaje.


Corregir la temporalidad a base de desincentivos o de incentivos a la estabilidad apenas funciona en un país que tiene tatuada la «cultura de la temporalidad» de forma bien visible y altanera. Trasladar tal cual el problema a la Inspección de Trabajo es otro vano propósito. Ningún control administrativo por muy eficaz que sea puede enfrentar un fraude tan generalizado y masivo como el de la temporalidad en España.


No pasa de espejismo el intento de combatir el problema a base de cambios puramente nominales que pasan por llamar fijos a los que hasta ahora eran temporales o, peor aún, abriendo las puertas del despido para que este se comporte del mismo modo que antes lo hacían los contratos de duración determinada, otro trampantojo. Prohibir la temporalidad, como quieren algunas propuestas, es tan ilusorio como prohibir la maldad y de efectos, por cierto, desconocidos, pues seguramente generará una presión sobre el despido que acabará desdibujando esta figura aún más, convirtiéndola en la vía de ajuste por excelencia en detrimento de cualquier otra fórmula, incluida la flexibilidad interna.


ES NECESARIO UN CAMBIO LEGISLATIVO

La proposición de Podemos diseña un mecanismo sancionador para evitar el fraude en la contratación temporal muy comprometido con la estabilidad en el empleo


Se impone la sensatez. La necesidad de un cambio legislativo que reconozca que las empresas tienen en ocasiones necesidades temporales, pero que se cerciore a la vez que solo en estos casos van a recurrir a la contratación temporal. Una combinación entre el reforzamiento del principio de causalidad y un aparato sancionador lo suficientemente intenso para funcionar en dos vertientes, la disuasoria y la reparadora.


La Proposición de Ley contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo que recientemente ha presentado Podemos se mueve precisamente en estas coordenadas.


De un lado restringe las causas que permiten contratar temporalmente a dos supuestos dignos de atención: los incrementos imprevisibles de la actividad empresarial y las necesidades organizativas derivadas de la sustitución de trabajadores. Nada más (y nada menos). Causas atendibles, comprensibles y fáciles de controlar. Adiós al cajón de sastre de la obra o servicio, a las contratas y concesiones como vehículos de precariedad, al contrato de apoyo a los emprendedores, al primer empleo joven, a la acumulación de tareas derivada de plantillas endémicamente infradotadas, a las vacantes en el empleo privado o incluso a las interinidades de larga duración que tantos quebraderos de cabeza nos vienen dando: la propuesta las limita a 24 meses.


De otra parte, la proposición diseña un mecanismo sancionador para evitar el fraude en la contratación temporal muy comprometido con la estabilidad en el empleo, esto es, dirigido al mantenimiento del puesto de trabajo. El mal uso de los contratos temporales se castiga con la nulidad de los despidos de los trabajadores ilegalmente precarizados y obliga por tanto a readmitirlos con abono de los salarios que dejaron de percibir. Una fórmula enderezada a hacer valer el derecho constitucional al trabajo y que combinada con el diseño más estricto de las causas de temporalidad debería servir para alentar el uso cotidiano de los contratos fijos, esa rara avis de nuestro modelo de relaciones laborales.


Dos medidas esenciales que se combinan con algunas otras destinadas a tener menor protagonismo como sucede con los mecanismos anti-concatenación o con las indemnizaciones por final de contrato.


Pero no es solo la temporalidad lo que la proposición de ley combate en ella hay también una mejora sustancial del trabajo a tiempo parcial, el otro pilar de la precariedad en nuestro país, y del trabajo fijo-discontinuo que se concibe como un lugar amable y estable en el que inscribir el trabajo estacional o de campañas.


Se trata de una buena propuesta para intentar acabar con ese muro de contratos temporales que nos separa de Europa, nos condena a ver en el trabajo una experiencia descorazonadora que impide la emancipación de los jóvenes, el acceso a la vivienda, formar una familia, el ejercicio no heroico de derechos laborales, la confianza en el futuro… Nos separa, en suma, de la ciudadanía.


Beneficiará a los trabajadores, pero también a las empresas y al modelo productivo impulsando el abandono de la estrategia de bajos costes asociados a la temporalidad como principal factor de competitividad. Un trabajo estable garantiza plantillas comprometidas, cualificadas y seguras, imprescindibles para cualquier proyecto empresarial serio.


Una propuesta con la que todas y todos ganan, por usar la retorica del win-win que tanto gusta en la Unión Europea a cuyas normas, por cierto, se ajusta la proposición.



Joaquín Pérez Rey | Director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha

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