Ricardo Melchior y la Autoridad Portuaria vuelven a perder en los tribunales frente a las demandas de sus trabajadores por contratación ilegal y acoso laboral
LDD.NET/EDDC.NET / Santa Cruz de Tenerife
Anteriormente, el 5 de octubre 2017, la jurisdicción social había ya declarado este despido nulo y solicitaba la readmisión de esta persona a la empresa. La readmisión tuvo lugar, sin embargo, en circunstancias claramente irregulares y sin respetar los términos de la sentencia.
Según se cita en la sentencia del TSJ: “a la trabajadora se le ha asignado un despacho en un sótano sucio y abandonado, no se le ha dado de alta en la Seguridad Social y se la ha sometido a una situación de acoso permanente.” Un auténtico calvario con riesgo físico y psíquico de la trabajadora que ha motivado diversas denuncias ante la Inspección de trabajo y ante la policía.
Con esta sentencia que acaba de dictar el TSJ se estima por tanto, la situación demandada de acoso permanente, con trato humillante, denigrante y en menoscabo de la dignidad e integridad de la trabajadora de la Autoridad Portuaria. Todo ello dirigido y orquestado personalmente, por el presidente de la entidad, Ricardo Melchior, en venganza personal en grado patológico, contra la trabajadora, dejando de lado cualquier obediencia y respeto al fallo judicial y a la justicia, sentencia que ya existía con anterioridad, según se desprende de los documentos judiciales. Para RM la única ley valida, seria por tanto la dictada por el mismo y no la de los tribunales de justicia.
Las órdenes despiadadas e instrucciones del presidente de la Autoridad Portuaria, han sido llevadas a cabo por una parte del personal agradecido de la entidad y arropado permanentemente por su comité de empresa, advirtiéndole siempre a la compañera de trabajo, por escrito, que eran instrucciones del presidente y que se limitaban a cumplir sus órdenes.
Órdenes que ahora se confirman como ilícitas y que no fueron en ningún momento cuestionadas ni por la Abogacía del Estado, por los Recursos Humanos, MA Hormiga y M Salazar, ni por la los propios servicios jurídicos de la empresa (R Arteaga), quienes en todo momento se plegaron ante las decisiones del presidente. Un silencio cómplice y cobarde que prueba sin lugar a dudas, que el gobierno de la entidad en cuestión está presidido por la arbitrariedad de un presidente no capacitado para el cargo y sus cómplices.
¿Hasta cuando señor Clavijo?
