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El Plan extraordinario de Empleo Social para este año pendiente de la firma del PIEC

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VALIDOLIBRE@DIARIO/CANARIAS


El Plan Extraordinario de Empleo Social, cofinanciado por el Gobierno de Canarias y los municipios, contará este año con una inversión de 46 millones de euros, de los que 30 serán aportados por el Gobierno a través del Servicio Canario de Empleo (SCE). Como explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, "el objetivo de esta medida extraordinaria es favorecer la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades o en riesgo de exclusión social, como paradas de larga duración y en especial, personas mayores de 55 años que recientemente hayan perdido su puesto de trabajo".


Valido detalla que "de los 30 millones que aportará la Consejería, 20 procederán del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) por lo que esperamos que pronto se firme este acuerdo con el Estado". La estimación inicial del SCE es que unas 4.000 familias canarias puedan beneficiarse de estas contrataciones en esta edición.


La responsable de Empleo mantuvo un encuentro con la comisión ejecutiva de la Federación Canaria de municipios (FECAM) con el objeto de definir los principales parámetros que regirán el Plan Extraordinario de Empleo Social en esta edición 2018-2019.


Como prevé el borrador del acuerdo marco cerrado en esta reunión, solo pendiente de la firma previa del PIEC, los contratos podrán tener una duración de hasta 12 meses y el coste laboral mensual derivado de la contratación podrá ser de hasta 1.600 euros. Tanto la duración como el salario dependerá del proyecto que presente cada municipio para su financiación en este plan.


Entre otros requisitos, las personas que sean contratadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en el SCE durante un periodo mínimo de 6 meses en los últimos 24 meses, y ser integrantes de unidades familiares cuya media de ingresos no supere un importe de a 450 euros por persona.


De acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE), se debe garantizar preferentemente la participación de mujeres, personas mayores de 45 años, desempleadas de larga duración, entendiendo por ello personas inscritas como demandantes de empleo desempleadas un mínimo de 360 días en un período de 540 y personas con discapacidad.


La consejera asegura que "a través de esta medida extraordinaria y urgente se da respuesta a las dificultades económicas y sociales por las que están atravesando muchas familias que al perder su puesto de trabajo se encuentran en una situación de exclusión social o en riesgo de estarlo". "Además de facilitar su reactivación laboral -prosigue- realizan obras o servicios de interés general y social en el municipio en el que residen".

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