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El 'escaqueo' fiscal dinamita el Estado del bienestar

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EL ECONOMISTA


A falta de saber a qué puerto lleva el maremoto político desatado los últimos días, los muy peleados presupuestos de 2018 tienen un marcado carácter social: contienen, entre otras medidas, un tan costoso como indispensable aumento de las pensiones. El problema es que, con tanto gasto social, será inviable llegar al objetivo del 2,2% de déficit, lo cual preocupa en Bruselas. Es más, para financiar este subsidio el Gobierno prepara un controvertido tributo que gravará a las empresas de servicios digitales. Pero ¿por qué aflojar la tenaza a los ciudadanos es tan complicado, si en los últimos años los impuestos no han parado de subir? Muy sencillo: el problema no es lo que se pide, sino lo que no se ingresa.


Naturalmente, si faltan ingresos es porque alguien no paga. Escándalos como la lista Falciani, los papeles de Panamá o los acuerdos de Luxemburgo son sólo una de las caras de un poliedro que esconde cifras mastodónticas: según las estimaciones del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), un plan "realista y eficiente" de lucha contra el fraude y la evasión fiscal podría suponer un aumento de la recaudación de hasta 40.000 millones de euros a medio plazo, además de reducir "ese 25% al que asciende la Economía sumergida en España". Por su parte, los datos de la Agencia Tributaria (Aeat), dicen que la recaudación en concepto de Impuesto sobre Sociedades se ha reducido un 43,18% en el periodo 2007-2017, desde los 44.000 millones de euros iniciales a los 25.000 millones de euros del año pasado.


Respecto al desplome de dicho tributo en particular, si se consultan otras fuentes no es difícil atar cabos. Según el informe ¿Beneficios para quién? de Intermón Oxfam, en 2014 el número de filiales de las empresas del IBEX35 en paraísos fiscales ascendía a 891. El destino preferido era Delaware (EEUU), con 417 filiales, enclave donde una planta de un edificio puede tener más empresas que todo el País Vasco (Concretamente, el número 1209 de Orange Street en Wilmington, New Castle, con 285.000 compañías domiciliadas frente a las 160.000 de la autonomía vasca).


Excluido el tamaño microscópico de los empleados y del material de oficina, tal afluencia de firmas en tan pocos metros cuadrados sólo tiene una causa: acogerse a una legislación tributaria más blanda. No obstante, en los últimos párrafos hemos hablado de fraude y evasión, dos conceptos a los que hay que sumar la elusión para tener una fotografía clara del fenómeno. Tres términos con significados muy diferentes, pero parte de la misma realidad: el 'escaqueo' fiscal de unos pocos que, a la postre, pagamos todos los demás.


Las tres vías para huir del fisco


Fraude fiscal: un fraude de ley se produce cuando se finge cumplir una norma, pero en realidad se están utilizando métodos ilícitos para pervertir el sentido de la misma en beneficio propio. La escuela de negocios EAE Business School define al fraude fiscal como "un tipo de evasión fiscal premeditada […] que suele considerarse un delito cuando sobrepasa una determinada cantidad", que en España se sitúa en el umbral de los 120.000 euros.


En resumen, se incumple deliberadamente la normativa fiscal, a través de declaraciones o documentos falseados, para pagar menos.


Evasión fiscal: esta figura implica una actividad deliberada de ocultación de ingresos o información a la Hacienda Pública, con la intención de minimizar o suprimir la cuantía tributaria a pagar.


La evasión puede llevarse a cabo por acción u omisión y es punible, hasta el punto de que puede conllevar penas de cárcel.


Elusión fiscal: eludir comporta emplear métodos 'legales' para escamotearle dinero a las arcas públicas, es decir, acciones que no entran dentro del marco de la ilegalidad y se aprovechan de lagunas, vacíos legales y 'puntos ciegos'en la normativa para reducir o hacer desaparecer la factura fiscal.


La creación de una sociedad instrumental o 'fantasma' en un país regido por unas leyes tributarias ventajosas –los llamados paraísos fiscales- es un claro ejemplo de este tipo de medios cuyo carácter lícito no impide que sean perseguidos por otros medios.


La Justicia y la Administración, en estos casos, tienen las manos atadas. "La Aeat sólo puede verificar que esa elusión no se convierta en evasión" -explica Carlos Cruzado, presidente de Gestha- "Por ejemplo, si una compañía abre una filial en un país más ventajoso tributariamente, no podemos hacer nada a menos que tengan un establecimiento permanente en España. Entonces sí están incurriendo en ilícito fiscal, porque eso les obliga a pagar el Impuesto de Sociedades aquí".


Medios insuficientes


"No obstante, veces se identifican los tres términos [fraude, evasión y elusión] como unívocos, por el daño que hacen las administraciones públicas", concede. El líder de Gestha habla por este colectivo cuando pide "más medios" para la lucha contra el fraude, ya que "estamos a gran distancia de los países de la OCDE".


Esta falta de recursos se traslada a los resultados: en 2017 cayó la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal por tercera vez en el último lustro: se desplomó hasta los 14.792 millones de euros, un 0,6% menos que el ejercicio anterior. Un "fracaso", según Gestha, que también discrepa de la decisión de la Aeat de asignar al 80% de la plantilla el control de particulares y Pymes y al 20% restante la investigación de las multinacionales y grandes fortunas.


"No hay voluntad política por parte del Gobierno para luchar contra el fraude, y cuando digo 'Gobierno' hablo de este Ejecutivo y de los anteriores", denuncia Cruzado. Los datos, o la ausencia de ellos, inquietan a los técnicos de Hacienda: acusan al Gobierno de omitir la información de los delitos fiscales denunciados, de los ingresos en ejecutiva y de los ingresos de liquidaciones y actos de gestión recaudatoria, que históricamente reflejan el núcleo de los resultados económicos de la lucha contra el fraude. Esta información se publicó anualmente hasta el año 2015, cuando dejó de reflejarse en el informe sin más explicaciones.


Las consecuencias


Gestha sostiene que un buen plan de control tributario aumentaría los ingresos del Estado en 40.000 millones de euros anuales. Esta cantidad, que brilla por su ausencia en la hucha pública, da buena cuenta de los devastadores efectos del fraude y la evasión en el Estado del bienestar. ¿Cuántas escuelas, equipamientos para minusválidos, camas de hospital, subsidios de desempleo y préstamos del ICO para emprendedores podrían costearse con esa cifra? Calcularlo sería una dura tarea, incluso con la calculadora como amiga inseparable.


En un mundo en el que la pobreza y el subdesarrollo son todavía la norma, la defraudación fiscal a nivel global no hace sino agravar las penurias de los más desamparados. Gerd Müller, ministro alemán para el Desarrollo y la Cooperación Económica, afirma que "Hay suficiente dinero en el mundo para acabar con el hambre de una vez por todas". Y sin embargo, la lacra que nos ocupa impide alcanzar esa meta, al no permitir que el dinero se redistribuya. Intermón Oxfam, en su informe, señala que, cuanto más se generalizan este tipo de prácticas, "más se debilita la progresividad del sistema fiscal".


"Este modelo acaba generando graves tensiones presupuestarias en las arcas públicas, facilitando que beneficios y rentas escapen al fisco, con lo que se debilita la capacidad de invertir en políticas sociales –los temidos recortes-, o se desplaza de manera injusta el peso y factura de la financiación de estas mismas políticas hacia aquellas personas con menores recursos", denuncia la organización en Beneficios ¿Para quién?


El estudio señala a los paraísos fiscales como el núcleo de un sistema viciado, subrayando que en los últimos 15 años la inversión en los exclusivos enclaves offshore "se ha multiplicado por cuatro, creciendo el doble de rápido que la economía mundial".


José Esquinas, ex presidente del comité de ética de la FAO para la agricultura y la alimentación, es directo a la hora de hablar del significado de este fenómeno para el hambre y la pobreza: "Un coladero y una vergüenza para la humanidad", sentencia.


"Estamos yendo hacia un suicidio colectivo" –denuncia- "Producimos un 60% más de los alimentos que necesitamos, y aún así hay cientos de millones de hambrientos. El objetivo no es alimentar sino vender, y para eso tienes que ofrecer el producto más barato. Así, las grandes empresas externalizan la producción y reducen costes evadiendo impuestos para así bajar los precios". Entretanto, los gobiernos con regímenes fiscales menos paradisíacos y más terrenales tienen que subir los impuestos a las familias y a las pequeñas empresas o crear nuevos tributos, como el que grava los servicios digitales.

Libre@Diario